El Gobierno impone a Madrid la acogida de 647 menores extranjeros no acompañados

La Comunidad de Madrid deberá acoger a un total de 647 menores extranjeros no acompañados en el marco del reparto impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, convirtiéndose en la segunda autonomía con mayor número de asignaciones tras Andalucía, que recibirá 677. Según el documento remitido por el Ministerio a las consejerías autonómicas, la región también será la segunda que más financiación reciba, con 15,8 millones de euros destinados a sufragar los costes derivados de la sobreocupación del sistema de acogida y de los traslados.

La capacidad ordinaria del sistema de protección madrileño se sitúa en 2.325 menores, una cifra calculada en base a una fórmula que pondera la población total de cada autonomía en relación con el número máximo de menores atendidos en el conjunto del país, fijado en 16.016. El reparto responde, según el Gobierno, a un principio de “solidaridad equitativa” que tiene en cuenta el esfuerzo previo de cada territorio, motivo por el cual comunidades como el País Vasco no recibirán menores en esta ocasión, mientras que Cataluña ha ofertado la acogida de solo 31.

El Ejecutivo central pretende aprobar esta medida mediante real decreto, con el objetivo de aliviar la grave sobrecarga que sufren desde hace meses los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla, donde se concentra el mayor volumen de llegadas. En total, el número de menores a trasladar se ha fijado en 3.975, por debajo de los 4.400 inicialmente previstos. De ellos, Canarias reubicará a 3.355, Ceuta a 445 y Melilla a 175, con un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo.

Desde el Gobierno regional de Madrid se ha mostrado un firme rechazo a esta medida, tanto en lo relativo al contenido como a su tramitación. El Ejecutivo autonómico critica que el reparto se ha hecho con criterios que califica de "absolutamente arbitrarios" y considera que su aprobación por vía de urgencia ha limitado el debate y la capacidad de reacción de las comunidades. Las autoridades madrileñas también insisten en que el sistema nacional de protección debe garantizar no solo el alojamiento, sino también la integración y seguridad, tanto de los menores como de los vecinos de los municipios que los acogen.