Consumo intensifica la vigilancia contra fraudes en precios ante el Black Friday

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una campaña de monitorización intensiva de precios con motivo del inminente Black Friday, con el objetivo de detectar posibles rebajas fraudulentas y prácticas comerciales desleales en el comercio electrónico.

El titular de Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado que el Gobierno actuará con firmeza contra quienes inflen los precios antes de las campañas de descuentos para simular rebajas. “La ley se va a cumplir por grandes o poderosas que sean las empresas implicadas. Ganar dinero con patrones oscuros se ha acabado, quien lo haga pagará por ello”, ha afirmado durante una comparecencia ante los medios.

La estrategia del Ministerio se centra en la vigilancia de productos de los sectores textil, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos, considerados especialmente sensibles durante este tipo de campañas. Las autoridades están supervisando miles de artículos vendidos por internet para garantizar que los consumidores no sean víctimas de ofertas engañosas.

Entre las prácticas perseguidas figura la conocida subida previa de precios, por la cual los comerciantes elevan artificialmente el coste de los productos semanas antes del Black Friday para simular descuentos al devolverlos a su precio anterior.

El departamento también ha ampliado su campo de actuación a los llamados “patrones oscuros”, tácticas de venta diseñadas para confundir o presionar al consumidor y conducirlo a decisiones no deseadas. Bustinduy ha explicado que estas estrategias incluyen los precios por goteo —donde se ocultan cargos adicionales hasta el final del proceso de compra—, los precios personalizados basados en datos personales, las comparaciones engañosas o los precios dinámicos que cambian durante la compra.

Asimismo, se vigilará el uso de mecanismos como los temporizadores de cuenta atrás que simulan urgencia de forma irreal o las prácticas de venta bajo presión. “Vamos a investigar este año otros mecanismos engañosos, los denominados 'patrones oscuros', como los precios personalizados o prácticas de venta bajo presión”, ha indicado el ministro.

Las sanciones previstas por estas infracciones se consideran graves y pueden suponer multas de hasta 100.000 euros, o incluso alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio económico ilícito obtenido. Bustinduy ha recordado que en la última campaña de verano se iniciaron siete expedientes sancionadores a plataformas de comercio digital por alterar precios con fines engañosos, con sanciones que llegaron hasta los 350.000 euros.

“Queremos enviar un mensaje a los operadores del mercado: el tiempo de la impunidad se ha acabado y quien incurra en estas prácticas lo va a pagar”, ha advertido el ministro, reafirmando el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos de los consumidores.