El Congreso votará este jueves el decreto de financiación para autonomías y ayuntamientos

El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la convalidación del decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para 2026. La medida contempla una dotación de 157.731 millones de euros y ya se encuentra en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha optado por llevar el texto a la Cámara Baja sin agotar el plazo de treinta días previsto para este tipo de normas. Estas entregas a cuenta permiten a las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra por su régimen foral, recibir de forma anticipada recursos del sistema de financiación autonómica.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo justifica la actualización por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Sin revisar estas cantidades, sostiene, se producirían resultados financieros no deseados para las comunidades autónomas y las entidades locales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que a las entregas a cuenta se suma la previsión de liquidación correspondiente a 2024, lo que elevaría la financiación total de las comunidades autónomas en 2026 hasta los 170.300 millones de euros, un 7,7% superior al año anterior.

La norma también regula las entregas a cuenta para los ayuntamientos, que alcanzarán los 29.247 millones de euros, un 8,8% más que en el ejercicio precedente. Esta partida refuerza los recursos disponibles para las entidades locales en materia de servicios básicos y gestión municipal.

Asimismo, permitirá que las entidades locales con superávit presupuestario en 2025 destinen esos recursos a inversiones financieramente sostenibles sin que computen a efectos de la regla de gasto. Entre las actuaciones previstas figuran proyectos relacionados con alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil e infraestructuras.

Según Hacienda, esta medida podría beneficiar a más de 2.540 entidades locales y movilizar alrededor de 3.000 millones de euros. Además, se habilita un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar remanentes a políticas de vivienda durante los cuatro años siguientes, ampliando las opciones de inversión municipal en un área de especial relevancia.