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A juicio el exalcalde de Moralzarzal por fraccionar contratos y eludir licitaciones
La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles el juicio contra el exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y la exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, S. V. B., acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa por el uso sistemático e irregular de contratos menores durante los años 2016 y 2017.
Según la acusación de la Fiscalía, ambos responsables municipales abusaron deliberadamente de esta figura contractual con el fin de evitar los procedimientos de licitación pública exigidos por la ley. La práctica consistía en fraccionar contratos con el mismo objeto, aprobando facturas separadas para no superar el límite legal de 18.000 euros en contratos de servicios, lo que permitió adjudicar de forma directa trabajos a empresas concretas, obviando los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia.
El Ministerio Público solicita para ambos una pena de inhabilitación especial durante ocho años para ejercer cargos públicos que impliquen funciones de gobierno local, como alcalde, teniente de alcalde o concejal.
Durante el periodo investigado, el entonces regidor levantó en varias ocasiones los reparos de legalidad formulados por el vicesecretario interventor municipal, quien alertó reiteradamente de que se estaban cometiendo irregularidades en las contrataciones. Pese a estos avisos, se aprobaron numerosos contratos fraccionados que en su conjunto superaban con creces los límites establecidos para los contratos menores.
Entre los expedientes cuestionados figura el mantenimiento de edificios públicos, que acumuló facturas por más de 45.000 euros en 2016; la conservación de zonas ajardinadas, adjudicada de forma fraccionada a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., con importes irregulares en los ejercicios 2016 y 2017; y el suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que superó los 22.700 euros en un solo año.
El fiscal también destaca una prórroga tácita ilegal en un contrato de mantenimiento de zonas verdes, así como la contratación continuada de servicios como campañas de publicidad, alquiler de equipos de sonido y otros servicios recurrentes que debieron licitarse mediante procedimientos abiertos.
Para el Ministerio Público, Rodríguez Osuna actuó como autor material del delito de prevaricación administrativa, mientras que la entonces concejal participó como cooperadora necesaria, al haber tramitado y firmado los expedientes desde su área de responsabilidad.
