WHAT ARE YOU LOOKING FOR?
Popular Tags
La Audiencia de Madrid juzga al exalcalde de Moralzarzal por los contratos menores
La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles el juicio contra el exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y una exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, a quienes se acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa por el uso irregular de contratos menores durante 2016 y 2017.
La Fiscalía pide para ambos la inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique ejercer funciones de alcalde, teniente de alcalde o concejal en cualquier corporación local durante ocho años.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los dos responsables municipales habrían abusado de la figura del contrato menor, empleándola en más del 50 % de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de eludir los procedimientos de licitación pública exigidos por la normativa de contratación administrativa.
El fiscal sostiene que los acusados fraccionaron de forma sistemática contratos con idéntico objeto y unidad funcional, y que aprobaron facturas separadas para no rebasar el límite legal de 18.000 euros previsto para los contratos menores de servicios. Esta práctica, señala el escrito, permitió "favorecer a determinadas empresas en perjuicio de otras, vulnerando los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato".
Durante el periodo investigado, el entonces alcalde habría aprobado contratos pese a los reiterados reparos de legalidad formulados por el vicesecretario interventor municipal, que advirtió en varias ocasiones sobre la irregularidad de las contrataciones. En esos supuestos, el regidor resolvió las discrepancias levantando los reparos de la Intervención.
Entre las contrataciones objeto de reproche figuran actuaciones de mantenimiento de edificios públicos, con facturas que superaron los 45.000 euros en 2016; el mantenimiento de zonas ajardinadas, adjudicado de manera fraccionada a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., con importes que excedieron los límites legales tanto en 2016 como en 2017; y el suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que alcanzó más de 22.700 euros en un solo ejercicio.
El Ministerio Público también aprecia una prórroga tácita prohibida por ley en un contrato de mantenimiento de zonas verdes, además de irregularidades en campañas de publicidad municipal, alquiler de equipos de sonido y otros servicios permanentes y recurrentes que, según la acusación, debieron tramitarse mediante procedimientos abiertos.
Para la Fiscalía, J. C. R. O. actuó como autor material del delito, mientras que S. V. B. intervino como cooperadora necesaria, al rubricar y tramitar las contrataciones desde su concejalía.
