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El exalcalde de Moralzarzal niega prevaricación y atribuye las acusaciones a una "invención del PP"
El exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y una exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras han sostenido este miércoles en el juicio por un presunto delito de prevaricación administrativa que su gestión de la contratación municipal se ajustó a la legalidad y que las acusaciones en su contra responden a "una invención del Partido Popular".
A ambos encausados, integrantes de Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!), se les atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa por el supuesto uso irregular de contratos menores durante 2016 y 2017. La defensa ha solicitado la libre absolución de sus representados.
Por su parte, la Fiscalía pide para cada acusado ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique ejercer funciones de alcalde, teniente de alcalde o concejal en cualquier corporación local.
Durante su declaración, el exregidor ha explicado que el procedimiento de contratación comenzó con el mismo sistema aplicado con anterioridad por el PP en el Ayuntamiento y que, después, se adaptó a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, ha cuestionado que se les impute por contratos de un periodo anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa.
Los procesados también han subrayado que su equipo sí atendió los requerimientos y observaciones del interventor, introduciendo cambios para adecuar los procedimientos a la legalidad, y han contrapuesto esa actuación a etapas previas en las que, según han señalado, los avisos no se tenían en cuenta.
Según el exalcalde, al acceder al Consistorio se apoyaron en el interventor municipal para conocer el funcionamiento interno y dar continuidad a lo existente. En ese contexto, ha afirmado: "Se actuaba conforme a los informes técnicos", remarcando que las decisiones se adoptaban sobre la base de criterios técnicos.
En su exposición, los acusados han expresado su confianza en que el proceso judicial permita aclarar los hechos y que quede acreditado que no existió intención de vulnerar la ley ni de fraccionar contratos de forma irregular.
Adaptación a la nueva ley
En la fase testifical, ha comparecido el interventor municipal, quien ha respaldado la actuación de los procesados. Ha indicado que, con el cambio normativo, facturas y contratos debían incorporar un expediente y que el equipo de gobierno fue ajustando los procedimientos a los nuevos requisitos.
En su declaración, ha señalado: "La nueva ley dio un cambio y profundizó en la doctrina. La propia ley no definía que era un fraccionamiento de contrato", y ha añadido que algunos de los contratos mencionados por la Fiscalía eran normales.
El interventor ha precisado también: "Desde la intervención municipal se dieron instrucciones para que se tuvieran en cuenta los nuevos criterios, atendiendo a las peticiones el equipo de gobierno. Los contratos menores no desaparecieron pero sí se siguieron instrucciones". Además, ha defendido que la ley no prohíbe el fraccionamiento.
Contratos menores
Según el Ministerio Fiscal, el exalcalde y la exconcejal habrían recurrido de forma excesiva a la figura del contrato menor, utilizada en más del 50% de las contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de eludir los procedimientos de licitación pública previstos por la normativa.
El fiscal sostiene que los acusados fraccionaron de manera sistemática contratos con idéntico objeto y unidad funcional, aprobando facturas separadas para evitar superar el límite legal de 18.000 euros fijado para contratos menores de servicios. Según el escrito, esta dinámica permitió "favorecer a determinadas empresas en perjuicio de otras, vulnerando los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato".
La acusación pública mantiene que, en el periodo investigado, el entonces alcalde aprobó contratos pese a los reparos de legalidad formulados de forma reiterada por el vicesecretario interventor municipal, que advirtió en varias ocasiones de la supuesta irregularidad. En todos los casos, según el fiscal, el regidor resolvió las discrepancias levantando los reparos de la Intervención.
Entre los expedientes cuestionados, el Ministerio Fiscal incluye tareas de mantenimiento de edificios públicos, con facturas que superaron los 45.000 euros en 2016; el mantenimiento de zonas ajardinadas, adjudicado de forma fraccionada a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., con importes que, según la acusación, rebasaron los límites legales en 2016 y 2017; y el suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que alcanzó más de 22.700 euros en un solo ejercicio.
El escrito del fiscal también señala una prórroga tácita prohibida por ley en un contrato de mantenimiento de zonas verdes, además de irregularidades en campañas de publicidad municipal, alquiler de equipos de sonido y otros servicios calificados como permanentes y recurrentes, que —según el Ministerio Público— debieron tramitarse mediante procedimientos abiertos.
Para la Fiscalía, J. C. R. O. habría actuado como autor material del delito, mientras que S. V. B. habría intervenido como cooperadora necesaria, al rubricar y tramitar las contrataciones desde su concejalía.
