Diecisiete demoliciones de obras irregulares en Fuente el Saz

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la ejecución de 17 demoliciones de edificaciones ilegales en Fuente el Saz de Jarama en menos de un año al estar construidas sobre suelo protegido, de las cuales cinco han sido de manera subsidiaria y 12 de forma voluntaria por los responsables. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la Dirección General de Urbanismo.

El plan responde a la proliferación de este tipo de edificaciones irregulares levantadas sobre zonas de especial protección ambiental de la citada localidad. En las últimas semanas se han realizado 12 derribos en dos de estas actuaciones, con la colaboración del Cuerpo de Agentes Forestales autonómico y de un dispositivo de la Guardia Civil, integrado por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y patrullas de Seguridad Ciudadana.

Dos operativos en zonas de especial protección

En la primera actuación, que tuvo lugar el pasado 24 de junio, se procedió a la demolición de tres instalaciones ubicadas en una parcela clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como Suelo No Urbanizable de Protección Fáunica. Además, los terrenos están afectados por la Vereda de San Agudín, una vía pecuaria con protección específica.

La segunda actuación se realizó el pasado 9 de julio y consistió en el derribo de nueve edificaciones localizadas en Suelo No Urbanizable de Protección Edafológica y Paisajística. Se trata de una zona agrícola con alta calidad paisajística y sensibilidad freática, que hace que cualquier vertido pueda contaminar aguas subterráneas.

Actividad inspectora intensificada

La Consejería ha realizado 179 inspecciones en el municipio, ha incoado 74 expedientes urbanísticos y 69 sancionadores, tramitado 85 requerimientos de información, 326 diligencias previas y 18 expedientes de ejecución subsidiaria en el marco del plan de disciplina urbanística.

La Consejería ha recordado que las construcciones ilegales en suelo no urbanizable comprometen gravemente la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan inseguridad jurídica para los ciudadanos. Desde el Ejecutivo autonómico reafirman su compromiso con la defensa de la legalidad urbanística, la preservación del medio natural y la lucha contra la ocupación irregular del suelo rural.