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Estas estafas se realizaron mediante las técnicas conocidas como 'smishing' y 'vishing', que implican hacerse pasar por instituciones legítimas, como bancos y administraciones públicas, para efectuar cargos fraudulentos a las víctimas.
La investigación se enmarca dentro del 'Plan Levante' y comprende tres operaciones desarrolladas en las provincias de Alicante, Murcia, Madrid y Zaragoza, según ha informado el cuerpo policial a través de un comunicado.
En la primera operación, la Guardia Civil ha investigado a 13 personas acusadas de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Estas personas operaban desde Alicante, Cartagena (Murcia), Collado Villalba (Madrid) y Altea (Alicante). La investigación se inició en 2020 tras detectarse transferencias fraudulentas por valor de 368.000 euros a una empresa en Zaragoza.
La empresa implicada contactó a otra a través de un SMS con el pretexto de reactivar las claves de acceso a su cuenta bancaria. El objetivo era acceder a la cuenta de la víctima para realizar transferencias a través de sociedades pantalla hacia cuentas bancarias en diversos países.
Las empresas beneficiarias, registradas a nombre de terceros que recibían compensaciones, fueron adquiridas por un asesor en Murcia. Estas entidades recibían el dinero mediante movimientos de criptoactivos y transferencias entre cuentas bancarias nacionales y extranjeras en países como Bélgica, Alemania, Portugal, Holanda, Estonia, Reino Unido y Malta.
En la segunda operación, se ha investigado a un individuo por actuar como "mula económica", es decir, abrir cuentas bancarias para recibir dinero de estafas. Este caso involucra dos incidentes de 'vishing', donde el sospechoso se hacía pasar por un banco, logrando recibir un total de 7.500 euros. El autor persuadió a la víctima para que realizara dos transferencias de 7.850 y 5.800 euros, pero la entidad bancaria de la víctima bloqueó los cargos al considerarlos sospechosos.
Finalmente, la investigación identificó a otro sospechoso en Alicante, acusado de apropiarse de más de 18.000 euros mediante el método de 'business email compromise'. En este caso, el investigado alteró el número de cuenta bancaria de una empresa con la que la compañía víctima mantenía relaciones comerciales, desviando así las transferencias a cuentas controladas por los ciberdelincuentes.