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Así es como las ruedas giratorias y las cartas virtuales de se convirtieron en un impulso económico para el Estado.
Los casinos en línea son ahora una parte natural de la cultura de entretenimiento digital del país. Atraen a millones de jugadores cada año y ofrecen de todo, desde apuestas deportivas hasta ruletas virtuales y mesas de póquer en vivo. Atraen a millones de jugadores cada año y ofrecen de todo, desde apuestas deportivas hasta ruletas electrónicas y mesas de póquer en vivo, que se destacan regularmente en la actualidad de los casinos. Pero detrás de la colorida interfaz se encuentra una industria estrictamente regulada. Desde que España legalizó el juego en línea en 2011, el mercado ha sido gobernado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), la autoridad nacional que otorga licencias y garantiza que los operadores sigan las reglas.
Para ofrecer servicios de juego, las empresas deben tener una licencia española, lo que significa que cumplen con las leyes nacionales, pagan impuestos en España y cumplen con estrictos requisitos de protección del jugador. Esto permite que tanto los jugadores como el Estado se relajen y tengan un poco más de confianza, ya que uno evita los sitios web sospechosos y el otro disfruta de los ingresos que tanto necesita.
Los impuestos sobre los juegos de azar en línea están lejos de ser un detalle menor en el sistema español. Los operadores con licencia pagan un impuesto de juego de entre el 20 y el 25 % sobre sus ingresos brutos de juego (GGR), es decir, sus beneficios después de pagar las ganancias a los jugadores, pero antes de los costos operativos. Para los jugadores individuales, las reglas son diferentes. Las ganancias solo deben declararse si exceden las pérdidas totales durante el año y luego se gravan como ingresos regulares.
Este dinero va directamente al tesoro nacional y se ha convertido en una fuente constante de ingresos públicos. Según la DGOJ y el Ministerio de Hacienda de España, los ingresos fiscales por el juego del Estado han aumentado en más del 50 % desde 2015, y el dinero se utiliza para financiar programas de salud pública, proyectos de prevención de la adicción al juego e innovación tecnológica en la supervisión del juego.
Además, la regulación ha creado cientos de puestos de trabajo en TI, marketing y atención al cliente, ya que la mayoría de las empresas con licencia deben tener oficinas y personal local en España. Lo que antes se consideraba una zona gris digital se ha convertido ahora en un pequeño pero notable engranaje de la economía moderna del país.
Antes de 2012, la situación era completamente diferente. Los sitios web extranjeros podían apuntar libremente a los jugadores españoles sin pagar un solo euro en impuestos. Los jugadores no tenían garantías de juego limpio y el Estado perdía millones cada año en ingresos no recaudados. Mientras tanto, el número de jugadores seguía creciendo mientras los llamados a la regulación se hicieron más fuertes.
Cuando se introdujo el sistema de licencias en 2012, las empresas de juegos de azar tuvieron que registrarse, empezar a pagar impuestos y seguir las reglas para el juego responsable. En pocos años, España pasó de un mercado negro a una industria abierta, regulada y generadora de impuestos. Hoy en día, la mayoría de los principales operadores internacionales están legalmente establecidos en El País, y los resultados son visibles en el presupuesto nacional.
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