Los ángulos muertos del Estado de Derecho
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial exige al Gobierno que "cese en su presiones intolerables" sobre los jueces.
Los jueces y fiscales hacen un paro masivo ante los juzgados porque las medidas del Gobierno amenazan la independencia judicial y "un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces sino una garantía de todos".
La Unión Europea alerta de que la amnistía que el Gobierno ha aprobado para los golpistas catalanes es una "autoamnistía", mientras el Tribunal Constitucional corre hacia la declaración de constitucionalidad plena de la medida. El Presidente Sánchez no ha comparecido ante los medios ni ante el Parlamento desde hace un mes y sus ministros, en tromba, se lanzan a defender a un fiscal general investigado y a un paso del banquillo y descalifican a los jueces acusándoles de prevaricar. Y, en medio de todo este proceso de descrédito institucional, el cerco judicial sobre el entorno del presidente, de alguno de sus ex ministros y de otros miembros del Partido Socialista crece imparablemente.
Todo lo que le llevó a Sánchez a exigir la dimisión del entonces Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se repite ahora en el otro lado, multiplicado por diez. Y Sánchez se manifiesta dispuesto a seguir hasta 2027, con la complicidad culpable y vergonzosa de todos sus socios.
Hace pocos días se ha presentado, fruto de la colaboración de la editorial Lefebvre y el Centro de Estudios Universitarios CEU-SAN PABLO, un manual de absoluta actualidad, imprescindible para entender lo que está pasando, sobre "Los ángulos muertos del estado de Derecho". Coordinado por el catedrático y ex magistrado del TC, Manuel Aragón, en él colaboran algunos de los mejores expertos en la materia. Desde María Emilia Casas a Eduardo Torres Dulce pasando por Antonio del Moral, Javier Tajadura, Tomás Ramón Fernández, Carlos Lesmes, Encarna Roca, Santiago Muñoz Machado, Teresa Freixes y otra decena de grandes juristas españoles. En su presentación, Miquel Roca afirmó que los problemas actuales del Estado de Derecho obedecen a defectos de la Constitución, pero, sobre todo, al falseamiento y al abuso de ésta. También, como se señala en el libro a la deslealtad de algunas instituciones con el Estado, obligadas como están a cumplir su mandatos y no tergiversarlos.
Esa deslealtad tiene su origen posiblemente en el deficiente funcionamiento de los partidos políticos cuya única pretensión es la ocupación del poder y la defensa no de los intereses generales, sino de los suyos. Frente a lo que algunos defienden ahora -lo que no está prohibido por la Constitución, es legítimo-, Manuel Aragón escribe que "el pueblo no transmite a sus representantes un poder omnímodo para actuar y, por ello, la mayoría parlamentaria sólo puede hacer lo que la Constitución le permite. Si no fuera así la democracia se habría transformado en despotismo, que no dejaría de serlo porque lo ejerciese esa mayoría".
En el análisis de los "ángulos muertos" del Estado de Derecho", que son una amenaza para nuestra democracia, están el deficiente control del Gobierno y de las leyes por el Parlamento; la perversión del procedimiento legislativo, entre otras cosas por la mala técnica legislativa, la aprobación de leyes ad hominem y no generales o el abuso del decreto-ley; la pretensión de gobernar sin el concurso del Parlamento; la transformación del régimen parlamentario en un régimen presidencialista; la presión polìtica sobre el Poder Judicial y el intento descarado de su control y del acceso al mismo; la conversión del Tribunal Constitucional, cuya independencia está cuestionada, en un último órgano judicial con capacidad para "recrear" la Carta Magna; la vulnerabilidad de la Fiscalía General del Estado por su dependencia y colonización gubernativa y su rol en el nuevo proceso penal; la pretensión de falsear nuestro Estado autonómico para convertirlo en una Confederación de naciones; la falta de democracia interna de los partidos; el reforzamiento de las garantías de integridad de los procesos electorales; la seguridad jurídica; el, tal vez, irregulable mundo tecnológico: bulos, fake news o la publicación de encuestas electorales; el control en situaciones de excepción; las inútiles comisiones de investigación; el control de los medios públicos de comunicación...
La lista es más larga. Estamos ante un libro oportuno, lúcido, de máximo interés para los juristas y, cómo no, para los estudiantes de Derecho, pero del que deberían examinarse los políticos que nos gobiernan o los que aspiran a hacerlo. Como señala Encarna Roca, ex vicepresidenta del TC, ¿ángulos muertos o agujeros negros? En todo caso, amenazas graves y reales a la democracia.
