Malas noticias
Cuarenta y cuatro días escondido y en el día cuarenta y cinco se dignó a responder a una ambiciosa pregunta del jefe de la oposición.
Pretendía Núñez Feijóo que el Presidente del Gobierno se explicara sobre los escándalos judiciales que le acorralan. Sobre todo, uno de ellos. El que ha puesto al Fiscal General del Estado a punto de banquillo, si los recursos pendientes ante al juez del caso y el tribunal de apelaciones de la sala de lo penal del Tribunal Supremo no lo remedian.
Fue la enésima oportunidad perdida de que Sánchez diera la cara. Y, al tiempo, la enésima ocasión de comprobar el agotamiento del discurso a la defensiva de un presidente acorralado. Su pobreza argumental se puso de manifiesto en su cansina referencia a la prehistórica foto de Feijóo con un contrabandista de tabaco.
Lo más cerca que estuvo de una aparente respuesta a la pregunta sobre el futuro del fiscal general (¿cuándo va a destituir a García Ortiz), fue cuando soltó por esa boca la noble intención del Gobierno de apartarse de los delincuentes y estar al lado de quien los persigue. El problema es la alteración de los términos ante una situación en la que el fiscal cambia de bando y aparece como presunto delincuente ante quien está habilitado para decidirlo: un juez instructor, si es que aprecia indicios suficientes y, llegado el caso, el TS, si da por buenas las pruebas periciales, testificales, documentales, etc. que se presenten en el juicio oral.
Que en estos momentos García Ortiz es técnicamente un cuasi delincuente es tan verdadero como que su papel institucional es el de perseguir a los delincuentes. Lo cual supone que el Gobierno está invadiendo la esfera propia, exclusiva e intransferible del Poder Judicial al dar por sentado que García Ortiz no ha cometido ningún delito y que está tan comprometido como el primer día como guardián, promotor del principio de legalidad y defensor de los derechos del ciudadano.
Un derecho del ciudadano es el de la privacidad. Y un delito perfectamente descrito en el Código Penal (artículos 197 y 417) es el de revelación de secretos. Pero no es el Gobierno el que está institucionalmente habilitado para decidir si García Ortiz y su delegada en Madrid, Pilar Rodríguez, lo han cometido o lo han dejado de cometer.
Lo que no es de recibo es que, en su afán político -es decir, de oportunidad, no de legalidad- de salvar al soldado García Ortiz, el Gobierno arremete contra el juez del caso, Ángel Hurtado, y contra los jueces en general, como supuestos servidores del Estado conjurados para ejercer la oposición a un Gobierno "progresista".
En eso está Sánchez: en controlar cada vez y ser controlado cada vez menos por los otros dos poderes, el judicial y el legislativo. La tentación totalizante, por no decir totalitaria, va a más. Malas noticias.
