El PSOE impulsa una ley para limitar las acusaciones populares en investigaciones judiciales
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una propuesta de Ley Orgánica con el objetivo de modificar el papel de las acusaciones populares en los procesos judiciales. Esta medida ha generado críticas por parte de organizaciones como Hazte Oír, que califican la iniciativa de "ataque a la libertad y a la justicia" y alertan sobre sus implicaciones para casos en curso que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Entre los puntos más controvertidos de la propuesta, según Hazte Oír, se encuentra la limitación de la capacidad de acción de las acusaciones populares, reduciendo su influencia en favor de la Fiscalía. De aprobarse, estas restricciones impedirían a estas acusaciones solicitar pruebas o continuar un caso si la Fiscalía decide no intervenir. Además, la ley solo permitiría que ciudadanos particulares ejerzan esta función, lo que, según los críticos, buscaría identificar a quienes presentan acusaciones contra figuras del Gobierno.
Hazte Oír y otras entidades han señalado que esta reforma podría afectar investigaciones en curso como el "Caso Begoña" y el "Caso Hermano", relacionados con el entorno del Presidente Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Según un comunicado oficial de la organización, esta ley estaría diseñada "a medida" para garantizar la impunidad en casos sensibles.
La propuesta también incrementa el rol de la Fiscalía en detrimento del juez instructor, una medida que, según Hazte Oír, abre la puerta a una politización de las investigaciones debido a la dependencia de la Fiscalía del Ejecutivo. “Con esta reforma, los casos que impliquen al Gobierno podrían cerrarse antes de llegar a juicio”, aseguran desde la organización.
En un correo enviado a sus simpatizantes, Nouna Lozano, portavoz de Hazte Oír, calificó la propuesta de "ataque directo a la justicia y a los derechos fundamentales". Además, destacó que su equipo legal se encuentra trabajando intensamente para analizar la medida y explorar acciones legales que frenen su aprobación.
La organización también recordó sus aportaciones en casos judiciales previos, como la solicitud de diligencias en investigaciones relacionadas con la supresión de pruebas digitales en el entorno gubernamental.
Diversos medios han informado sobre esta polémica medida, destacando el riesgo que supone para el equilibrio del sistema judicial español. Según El Confidencial y Moncloa.com, expertos jurídicos han calificado la propuesta como un "atentado al ordenamiento jurídico". Por su parte, La Razón informó que esta reforma "marca el camino hacia la impunidad" en casos vinculados al poder político.
La propuesta aún debe ser debatida en el Congreso, donde la oposición ya ha manifestado su rechazo. Se espera que el PSOE enfrente resistencia no solo desde los partidos rivales, sino también desde la sociedad civil, que podría movilizarse en defensa de las acusaciones populares como instrumento clave para la transparencia y el control del poder.
