Guardias Civiles alertan de presiones políticas para desestabilizar a la UCO y proteger a cargos del entorno de Sánchez
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han lanzado este lunes una seria advertencia ante lo que consideran intentos políticos de desestabilizar a la Unidad Central Operativa (UCO), el cuerpo de élite encargado de investigar causas judiciales de alto perfil, entre ellas las que afectan al entorno familiar del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.
La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha expresado su “máxima preocupación” por las presuntas maniobras dirigidas contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. En un comunicado, IGC ha defendido con rotundidad la labor de esta unidad, subrayando que “la UCO representa una de las unidades más prestigiosas y eficaces en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; su independencia debe ser defendida sin ambigüedades”.
La denuncia de IGC surge tras una información publicada por El Confidencial, en la que se apunta a una supuesta estrategia promovida por personas próximas al PSOE para influir en un investigado en la Audiencia Nacional, con el objetivo de obtener información comprometedora sobre el mando de la UCO encargado del caso Koldo, así como sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y David Sánchez, hermano del presidente.
“Lamentamos profundamente que por parte de determinadas personas se pretenda interferir en las labores que realiza la UCO, una unidad que ha demostrado su excelencia profesional de forma independiente, imparcial y al margen de cualquier interferencia externa”, ha manifestado IGC, evidenciando el creciente malestar entre los agentes.
La asociación Jucil también ha salido al paso para denunciar lo que considera una estrategia continuada del Ministerio del Interior para controlar a la Guardia Civil mediante purgas encubiertas. Esta asociación ha recordado los ceses de altos mandos como Manuel Sánchez Corbí, antiguo jefe de la UCO, o Diego Pérez de los Cobos, destituido como jefe de la Comandancia de Madrid, una decisión que fue posteriormente anulada por los tribunales.
“A la vista está que ahora se pretende apartar también al teniente coronel Antonio Balas”, ha indicado Jucil, alertando de que se estaría repitiendo un patrón de represalias contra quienes dirigen investigaciones incómodas para el Ejecutivo. La eliminación reciente de la Oficina de Relaciones Informativas (ORIS) del Ministerio del Interior también ha sido interpretada por esta asociación como un paso más en la estrategia de control, dejando a los agentes en una situación de vulnerabilidad ante las decisiones políticas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trató de restar importancia a las sospechas durante su intervención la pasada semana en el Congreso. Respondió a los grupos parlamentarios asegurando que las recientes filtraciones de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos “no pueden venir” de la Guardia Civil, proclamando su “confianza del 100%” en los agentes. Sin embargo, evitó hacer referencia directa a las denuncias planteadas por las asociaciones profesionales, ni tampoco desmentir o investigar los intentos de presión sobre la UCO.
