"El derecho a la vida ¿es inconstitucional?": Los obispos españoles refuerzan su posición en defensa del no nacido

En respuesta a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la ley del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los obispos españoles han emitido un comunicado titulado "El derecho a la vida ¿es inconstitucional?", donde exponen detalladamente su posición en defensa de la vida y plantean interrogantes sobre la constitucionalidad de dicho derecho.

Los obispos afirman que la dignidad de cada persona humana es una realidad innegable, ya que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, sin importar la edad, raza o estado de salud. Esto significa que el embrión y el feto no pueden ser tratados como objetos, sino como seres humanos en desarrollo. Por lo tanto, ellos consideran que la eliminación voluntaria de la vida de un ser humano inocente es siempre moralmente incorrecta.

Además, los obispos resaltan que la ley del aborto convierte al ser humano en sus primeros momentos de existencia en un "sin papeles", un ser humano vulnerable y candidato a ser expulsado del seno materno. Cuestionan la idea de que el derecho al aborto pueda ser justificado únicamente si se considera que el embrión o feto no poseen la condición de seres humanos. Desde su perspectiva, el no nacido no puede ser despojado de su estatus de persona, y su vida debe ser protegida y respetada.

En su declaración, los obispos muestran su apoyo incondicional a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado, ofreciendo la ayuda efectiva de la Iglesia a través de programas y asociaciones. Subrayan que el aborto nunca puede ser la respuesta a sus problemas, y hacen una invitación a encontrar opciones que fomenten la vida y brinden un apoyo integral a las mujeres en situaciones difíciles.

Los obispos expresan su inquietud por la ley que restringe y censura los derechos y deberes del padre del bebé no nacido. Afirman que el reconocimiento del aborto desestima el papel del padre en la preservación y cuidado de la vida que ambos han creado. Desde su punto de vista, esta falta de reconocimiento tiene un efecto negativo en la familia y en la responsabilidad compartida de los padres hacia su hijo por nacer.

El comunicado de los obispos también destaca la relación entre la dignidad de la persona y la fundamentación de los derechos. Advierten que decisiones como la avalada por el Tribunal Constitucional "dejan de ser fundamentadas sólidamente en la inviolable dignidad de la persona", y argumentan que esto abre la puerta al sometimiento del derecho a la voluntad del más fuerte, poniendo en riesgo los fundamentos de la democracia y conduciendo hacia un camino de totalitarismo fundamental.

Los obispos han recalcado la importancia de ejercer el derecho a la objeción de conciencia y de ciencia para los profesionales de la salud. Estas leyes, como la del aborto, no generan ninguna obligación de conciencia, sino que exigen una obligación de oponerse a ellas a través de la objeción de conciencia. Por lo tanto, los obispos han instado a los profesionales de la salud a no participar en prácticas abortivas y a defender la vida desde sus creencias éticas y morales.

Los obispos invitan a todos los miembros de la comunidad de Dios y a todas las personas de buena voluntad a rechazar cualquier amenaza a la vida y a seguir trabajando con determinación y creatividad para establecer una cultura de la vida. Señalan que sería un error quedarse inactivo y creer que no hay nada que se pueda hacer. Piden que se mantenga una actitud activa y comprometida para promover y proteger la vida desde su origen hasta su muerte natural.

El anuncio de los obispos españoles ha sido recibido con entusiasmo por los católicos y muchas otras personas que comparten su preocupación por la protección de la vida humana desde su inicio. Esto ha generado un intenso debate en la sociedad española, donde hay opiniones encontradas sobre el aborto y su compatibilidad con los derechos fundamentales. El tema sigue siendo motivo de discusión y reflexión en diferentes ámbitos, incluyendo el político y el jurídico, donde se examinan los límites y alcances de este derecho en el contexto de la legislación vigente.