Un año después del gran apagón del 28 de abril, el llamado "cero energético" que dejó a oscuras A buena parte del país y parte de Francia y Portugal, seguimos sin una explicación oficial concluyente sobre lo ocurrido. Doce meses entre informes, comisiones parlamentarias, decenas de artículos de expertos y de mentiras, pero la ciudadanía continúa sin respuestas claras y menos asunción de responsabilidades. En este tiempo, la CNMC ha abierto hasta 35 expedientes, el Senado ha acogido largas sesiones de investigación que, lejos de cerrar el caso, han contribuido a aumentar la sensación de incertidumbre, decenas de expertos que han coincidido en señalar fallos estructurales y una gestión cuestionable de la red en las semanas y días previos al colapso.
Sin embargo, ni dimisiones ni asunción de culpas. La empresa pública Red Eléctrica se mantiene firme en su relato, respaldada por un Gobierno que ha optado por diluir responsabilidades. Su presidenta, Beatriz Corredor, ha defendido reiteradamente la actuación del operador y sigue culpabilizando, incluso en un documental, a una estación de Iberdrola en Badajoz. Por su parte, la Vicepresidenta Aagensen llegó a asegurar que no existió ninguna alarma, ni señal, cuando las grabaciones conocidas en los últimos meses apuntan, en cambio, a que sí hubo indicios claros de tensiones en la red antes del colapso. Las eléctricas, por su parte, sostienen que llevaban semanas alertando de problemas que no fueron atendidos. No era la primera señal: meses antes ya se habían producido episodios críticos que se resolvieron con medidas de emergencia, como la desconexión temporal de grandes consumidores industriales.
El impacto del apagón también ha dejado huella en el modelo energético. El mix ha virado hacia una mayor presencia del gas, una solución inmediata que, sin embargo, está encareciendo la factura eléctrica. A este incremento se suma el coste directo del apagón, que los consumidores siguen pagando en sus recibos. Mientras tanto, el debate político se intensifica. El Gobierno intenta repartir responsabilidades entre operadores y reguladores, con la CNMC en el foco. Pero la falta de conclusiones firmes alimenta la desconfianza pública. A un año del cero energético, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió realmente aquel 28 de abril? Y, quizás más importante aún, si se ha hecho lo necesario para evitar que vuelva a suceder o la ideología es lo que sigue primando. El futuro del sistema eléctrico está por saber, más si el Gobierno sigue empeñado en cerrar las nucleares y seguir intentado que las renovables copen el máximo del mix.
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