El "juez" Bolaños dicta sentencia

¿Es deliberado el intento de acabar con la confianza de los ciudadanos en la justicia para reformarla y controlarla? ¿Puede un ministro de Justicia atacar a un juez, llamarle prevaricador y decir que se avergüenza de sus actuaciones por el mero hecho de que investigue y procese a la mujer de su jefe? ¿Puede presionar al Consejo General del Poder Judicial par que le sancione? ¿Puede quien dijo que la condena a Iñaki Urdangarín por tráfico de influencias dejaba claro que "no hay nadie por encima de la ley" exigir ahora que su esposa, procesada por indicios de cuatro delitos -tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida y malversación de dinero público- esté al margen de la ley? ¿Es responsable que los ministros en manada salgan en defensa de la mujer de su jefe atacando al juez que, durante dos años ha hecho una investigación de los hechos y al que, salvo en asuntos de menor importancia, ha sido respaldado por la Audiencia Provincial de Madrid y por el propio Consejo del Poder Judicial?

Si nadie está por encima de la ley, la esposa del Presidente del Gobierno, tampoco.

El juez Peinado ha hecho su labor y ahora le corresponderá juzgar los hechos a otra instancia y otro juez dictará sentencia. La justicia española es garantista, para muchos excesivamente garantista, y hay instancias suficientes para que, si hay errores, que los puede haber en todo proceso, se corrijan. Si Peinado se ha equivocado, le corregirán.

La verdad judicial no es siempre la verdad, sólo la que han probado los hechos. Por eso muchas veces no se entienden las sentencias. Si, en lugar de acabar con el Estado de Derecho y con la separación de poderes, es decir con la Constitución, los políticos se dedicaran a hacer su trabajo -gobernar y hacer bien las leyes- este país iría mucho mejor. El "juez" Bolaños ha dictado ya sentencia en este caso no una vez sino varias y ha asegurado que "un tribunal superior e independiente" resolverá esta decisión judicial. Contra Peinado, claro. Esa falta de respeto institucional en un ministro de Justicia no es que sea grave, le incapacita para ocupar ese cargo. Y si su confianza está en el Tribunal Constitucional, hay que recordar que el TC no es poder judicial, sino político.

La degradación intencionada de la justicia como última casa de cumplimiento de las leyes y de los derechos de los ciudadanos es muy grave. Y recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia será largo y difícil si los políticos no quitan sus sucias manos de ella. El problema es que muchos, no sólo en la izquierda, creen que pueden actuar impunemente. Si Bolaños está convencido de que un tribunal superior resolverá esta situación en sentido opuesto a lo que entiende el juez Peinado, que deje que la justicia siga su camino. Haría bien en preocuparse en otras cosas. A quien más se parece este ministro es a otro titular de Justicia del PP, Ruiz Gallardón, de ingrata memoria en el sector. Gallardón mintió a los abogados, prometió no hacer lo que hizo y dañó a la justicia con unas tasas que otro ministro del PP tuvo que abolir porque lo que hacían era impedir a los ciudadanos el acceso a la justicia.

Bolaños, a las órdenes de Sánchez, intentó hace un año aprobar, afortunadamente sin apoyos suficientes, una ley destinada a limitar la acción popular y ampliar el marco para recusar a jueces que permitiera archivar las causas a la mujer y al hermano del presidente. Otra ley "ad hominem" como la de la amnistía. Pero además Bolaños ha puesto en marcha de forma caótica dos leyes que están convirtiendo el acceso a los juzgados en una barrera infranqueable y su actividad en un disparate.

Dos leyes, aparentemente positivas, pero caóticamente aplicadas que están volviendo locos a los funcionarios, a los abogados, a los procuradores y a los jueces. Y castigando a los ciudadanos. Una, la aplicación previa al juicio de métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) que está enlenteciendo la justicia y aumentando el coste de los procesos. La otra, la conversión de los juzgados en tribunales de instancia que, mal aplicada, ha hecho que los juzgados que funcionaban bien ahora no sean eficientes, que los jueces no sepan quiénes son sus funcionarios y que éstos no estén especializados y no sepan ni dónde tienen que ir a trabajar. Y ambas leyes ha provocado un efecto inmediato: hay menos pleitos porque unos no se pueden presentar y otros están aparcados sine die. Y para el ministro es un éxito. Si en lugar de atacar a los jueces, Bolaños se dedicara a lo que debe, hacer que la justicia funcione, tenga medios y sea independiente de la polìtica, todo iría mucho mejor. Pero no sería Bolaños, claro.

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