Madrid 1 Feb.
La regularización de cerca de medio millón de inmigrantes, la mayoría hispanoamericanos, que llevan años en España sin papeles, trabajando de forma irregular, cobrando en negro, sin derechos, con miedo e inseguridad, carne de cañón para empresarios sin escrúpulos, fue objeto de una Iniciativa Legislativa Popular respaldad por 700.000 firmas, presentada en el Congreso, admitida a trámite y aprobada hace casi dos años por todos los grupos políticos a excepción de VOX. Esa ILP contaba con el apoyo de la patronal, de cientos de organizaciones sociales, de la Iglesia y de Cáritas. Durante estos dos años ha dormido el sueño de los justos porque el Gobierno no ha tenido ningún interés en convertirla en realidad. Hasta ahora. Y ahora no sólo cuenta con la oposición de Vox, sino también del PP y de Junts y, por supuesto, del ala derecha de Junts, la extrema-extrema derecha catalana. Dios los cría y ellos se juntan.
Es evidente que el Gobierno ha rescatado ahora este proyecto por decreto, eludiendo intencionadamente su paso por el Congreso, para asegurar los cada vez menos seguros votos de Podemos, y para poder avanzar en la transferencia de las competencias sobre inmigración a Cataluña, otra exigencia de Junts Y otro pago a Cataluña por los votos de los partidos independentistas. Si no fuera por eso, no habría hecho nada. También para fortalecer a Vox y debilitar al PP e influir en la campaña autonómica de Aragón. Y para acallar el "ruido" por la pésima gestión de las infraestructuras y de la tragedia de Adamuz. Utilizan a los inmigrantes como moneda de cambio, como otra estrategia más para mantenerse en el poder. Si algún día, ojalá no sea así, Vox, Junts y Aliança tienen competencias sobre la inmigración, copiarán lo que Trump está haciendo en Estados Unidos porque, como aquél, identifican inmigración con criminalidad, pobreza e inseguridad. El odio al diferente, al pobre y al migrante les identifica con Trump.
Esta regularización no da derecho al voto ni concede la nacionalidad. En España hemos tenido diez regularizaciones masivas en democracia, tres hechas por Gobiernos del PP, con Aznar como presidente. Para sacar a cientos de miles de inmigrantes del limbo legal y de la economía sumergida. Para aumentar el número de personas que cotizan a la Seguridad Social y evitar fraudes. La sociedad española, abierta, tolerante y solidaria, debería hacerse mirar porqué rechaza mayoritariamente esa regularización.
Hablamos de personas que están en España, algunos desde hace años. Que trabajan en el campo, en el cuidado a mayores, en el servicio doméstico, en la restauración, en la construcción, en las tareas más penosas. Las que no quiere realizar ningún español, ninguno de esos casi tres millones que siguen en el paro. Que lo hacen honradamente, que sufren igual que muchos españoles la inseguridad laboral, la carestía de la vida, la falta de una vivienda, pero también el dolor de la soledad, la lejanía de su tierra, la dificultad de integrarse, la exclusión social. Es una cuestión ética de justicia y de humanidad. Y para quienes se llaman católicos, una razón de universalidad, de dignidad humana, de caridad y de derechos de las personas. Son seres humanos, que nacen "libres e iguales en dignidad y derechos", como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La regularización no solo favorece a los migrantes sino a toda la sociedad española. Nunca debería hacerse por la puerta de atrás.
Es cierto que esta regularización no resuelve el problema. Solo un debate social y parlamentario riguroso, con datos reales, con acciones efectivas para integrar a los migrantes en nuestra cultura, con garantías para asegurar el flujo laboral indispensable para la economía española y un pacto de Estado europeo con medidas para regular los flujos migratorios, para evitar que lleguen aquellos que no lo merecen, con acuerdos con los países de origen, con ayudas reales a esos países para que creen empleo, con sanciones graves a las naciones que violan todos los derechos humanos y con lucha abierta contra las mafias que los esquilman, los someten a vejaciones intolerables, los dejan morir en el mar, puede solucionar el problema. Los migrantes no pueden ser un artefacto político ni un escándalo. Nunca.
Madrid Actual no se hace cargo de las opiniones de sus colaboradores, que no tienen por qué coincidir con su línea editorial.