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La AIReF clama independencia
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha vuelto a encender las alarmas. Su presidenta, Cristina Herrero, compareció ante el Parlamento para denunciar, con una claridad poco habitual en un organismo técnico, las injerencias del Gobierno en la elaboración de sus informes. La institución, creada precisamente para actuar al margen del poder político, se ha convertido en uno de los últimos espacios que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha logrado colonizar por completo. Y el reloj corre: el mandato de Herrero expira en marzo, un relevo que muchos temen pueda convertirse en la antesala de un control político más férreo.
La tensión no es nueva. Hace unos meses, Herrero ya reveló que el Gobierno había impuesto directrices sobre el informe relativo al sistema público de pensiones. La AIReF terminó el documento, lo presentó, y advirtió expresamente que gran parte de las conclusiones no respondían a su criterio técnico, sino a parámetros fijados desde el propio Ejecutivo. Fue una señal de alarma que lejos de ser una anomalía puntual, ahora se revela como una dinámica estructural. La ruptura parece definitiva. Herrero ha anunciado que no piensa elaborar un nuevo informe de pensiones el próximo año si continúan esas condiciones. No es una amenaza, sino una denuncia sobre la imposición de límites que impiden a la entidad cumplir su misión. Y el mensaje ha ido incluso más allá. La presidenta ha cuestionado abiertamente la lógica del Gobierno al alimentar la "hucha de las pensiones" mientras el sistema arrastra un déficit creciente. Desde octubre, de hecho, las pensiones se pagan gracias a transferencias directas del Estado, un mecanismo que oculta bajo una nueva contabilidad el problema de la falta de ingresos suficientes para sostener el modelo actual.
La AIReF no está sola. Funcas, uno de los centros de análisis económico más solventes del país, ha publicado estos días un informe que coincide plenamente con la institución independiente: el sistema de pensiones, tal como está planteado, no es sostenible. Ni con hucha ni sin ella. Ni con maquillajes contables ni con proyecciones optimistas. El choque entre la AIReF y el Gobierno ya no es técnico, sino institucional. La pregunta que empieza a sobrevolar el debate público es hasta dónde llegará el Ejecutivo en su afán por neutralizar voces críticas.
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