Investigados tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por fallecimientos en residencias durante la pandemia

El exconsejero Alberto Reyero comparecerá como testigo el próximo 3 de junio en la causa abierta en Leganés

El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha citado a declarar como investigados a tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con los fallecimientos de personas mayores residentes durante la primera ola de la pandemia de Covid-19. Las declaraciones están previstas para el próximo 17 de junio.

Los investigados son Carlos Mur, exdirector general de coordinación sociosanitaria; Javier Martínez Peromingo, exgerente de hospitales y sucesor de Mur en el mismo cargo; y Pablo Busca, entonces director gerente del Summa 112 y responsable de los servicios de ambulancias. También ha sido citada como investigada María Jesús Molina, geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

Una causa impulsada por familiares de víctimas

Este procedimiento judicial no parte de una denuncia del Ministerio Fiscal, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes, según han confirmado las asociaciones 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias. Las organizaciones promotoras han denunciado que durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, numerosos mayores no fueron derivados a centros hospitalarios pese a su estado de salud.

En concreto, Carlos Mur firmó en marzo de 2020 los protocolos de no derivación hospitalaria desde las residencias, una decisión que ha sido objeto de análisis y debate público. Peromingo, quien estaba al frente de 47 residencias del área del Hospital de Móstoles, asumió el cargo de Mur tras su cese en mayo del mismo año. Pablo Busca, como responsable del Summa 112, está siendo investigado por el papel de los servicios de ambulancia, que, según las asociaciones, dejaron de acudir a recoger a residentes enfermos en plena pandemia.

Posible delito de denegación discriminatoria

Los cuatro investigados afrontan una acusación por un posible delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal. Este tipo delictivo contempla penas para quienes, en el ejercicio de funciones públicas, impidan el acceso a servicios sanitarios por razones discriminatorias.

Cabe recordar que esta es la segunda causa judicial abierta en una semana por estos hechos. El pasado viernes, un juzgado de Madrid también citó a Mur y Peromingo, aunque la comparecencia fue suspendida tras alegaciones de las defensas por falta de traslado de las actuaciones previas.

Reyero y otros cuatro testigos, citados para el 3 de junio

En el marco de esta investigación, el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, comparecerá como testigo el próximo 3 de junio. Reyero dimitió en mayo de 2020 tras manifestar públicamente su desacuerdo con los protocolos de atención sanitaria en residencias durante los primeros meses de la pandemia.

Ese mismo día también están llamados a declarar Juan Abarca Cidón, presidente del grupo sanitario privado HM Hospitales; Antonio Burgueño, asesor de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso durante la gestión de la emergencia; así como las dos familiares querellantes.