El sector judicial se planta ante Bolaños y comienza una huelga contra las reformas del Gobierno

Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han iniciado este martes una huelga de tres días en rechazo frontal a las reformas planteadas por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, y sobre la estructura del Ministerio Público. Las asociaciones convocantes —APM, AJFV, FJI, AF y APIF— denuncian que estas modificaciones suponen un grave ataque a la independencia judicial y, por tanto, al Estado de Derecho, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, insiste en que son necesarias para modernizar una justicia anclada en el pasado.

Los convocantes ya habían iniciado un paro simbólico de 10 minutos el pasado 11 de junio, seguido de una concentración frente al Tribunal Supremo. La huelga, comunicada formalmente el 17 de junio, fue planteada como medida de presión con la condición de que el Ejecutivo retirase las reformas, lo cual ha sido rechazado tanto por el Ministerio de Justicia como por el propio Bolaños, que ha enviado una carta a las asociaciones defendiendo el proyecto legislativo y animándolas a colaborar en su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, los representantes de las asociaciones han mostrado su escepticismo ante estas palabras, calificando la oferta de diálogo como un "brindis al sol" sin voluntad real de modificación. En el fondo del conflicto se encuentran medidas que, según denuncian, abren la puerta a una selección ideológica de jueces y fiscales y rebajan los niveles de exigencia académica en el acceso, sustituyendo criterios objetivos por pruebas más subjetivas. Asimismo, alertan del refuerzo de competencias del Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento político sin filtro previo consideran inaceptable si pasa a dirigir también la futura función instructora del Ministerio Público.

La huelga no cuenta con el apoyo de las asociaciones de perfil progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y ha generado división incluso dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno extraordinario celebrado la pasada semana concluyó que el derecho a huelga de jueces y magistrados carece de base legal, por lo que no procedía reconocer la convocatoria ni establecer servicios mínimos. No obstante, el CGPJ no contempla aplicar sanciones disciplinarias contra quienes secunden el paro.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recordado a los miembros del Ministerio Fiscal que deberán garantizar las actuaciones urgentes que afecten a los derechos de los ciudadanos, pese a la falta de un mecanismo oficial de servicios mínimos. El Comité de Huelga, por su parte, ha adoptado medidas para asegurar dicha atención mínima a la ciudadanía.

Desde las asociaciones convocantes se reivindica que el derecho de huelga está protegido por el artículo 28.2 de la Constitución española y que no cabe excluir a los jueces por falta de desarrollo normativo. Advierten que cualquier intento de condicionar su participación supondría una infracción grave de los derechos laborales. Además, reconocen que la participación en la huelga implicará una pérdida salarial, y el Ministerio ya ha solicitado al CGPJ que habilite los mecanismos necesarios para proceder a las deducciones correspondientes.

Una vez concluya el paro de tres días, las asociaciones evaluarán el impacto de la protesta y decidirán si es necesario ampliar las medidas, en función de la evolución parlamentaria de las reformas y del respaldo recibido. Esta es la sexta huelga del sector judicial desde 2009, una lista que ahora suma al ministro Bolaños junto a sus antecesores tanto del PSOE como del PP.