Madrid recibirá 126,89 millones para transporte público

El Consejo de Ministros aprueba una concesión directa de 126,89 millones de euros para el Consorcio Regional de Transportes de Madrid destinada a financiar el transporte público en 2026.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado este martes un Real Decreto que contempla la concesión directa de una subvención de 126,89 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para financiar el transporte público en la región durante el ejercicio 2026.

El Real Decreto aprobado por el Ejecutivo recoge la concesión directa de cuatro subvenciones por un importe total de 363,7 millones de euros (IVA no incluido) dirigidas a financiar el transporte público colectivo metropolitano de Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias durante el ejercicio 2026. La cuantía es la misma que la del ejercicio 2025.

Distribución de la financiación por regiones

Estas ayudas se destinan a la financiación del transporte público regular de viajeros de ámbito metropolitano del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità), de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de Valencia), así como de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En concreto, se asigna al Consorcio Regional de Transportes de Madrid un total de 126,89 millones de euros; a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona: un montante de 149,30 millones de euros y a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia 40 millones de euros. A la Comunidad Autónoma de Canarias se le conceden 47,5 millones de euros.

Plazos para solicitud y resolución

Los beneficiarios tienen un plazo de diez días hábiles, a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto, para presentar sus solicitudes, así como el resto de la documentación requerida. El plazo máximo para notificar la resolución de concesión será de cuarenta y cinco días hábiles a contar igualmente desde la entrada en vigor de este mismo Real Decreto.