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La Comunidad reclama más jueces y funcionarios al Ministerio para aliviar la sobrecarga de los juzgados
Miguel Ángel García Martín denuncia que la región necesita cubrir más de 1.500 nombramientos interinos y exige al Gobierno central una oferta estructural de plazas para reforzar de verdad el sistema judicial.
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha vuelto a reclamar al Ministerio de Justicia que convoque más plazas de jueces, fiscales y funcionarios. La región tiene más de 1.500 nombramientos interinos que no puede consolidar sin que el Gobierno central abra una oferta estructural de plazas. García Martín lo ha dicho durante una visita a las obras de la futura Ciudad de la Justicia, donde ha insistido en que Madrid no puede seguir funcionando con personal temporal.
El consejero ha criticado que la situación actual no tiene sentido. Una parte demasiado importante del trabajo diario en los juzgados depende de nombramientos temporales en lugar de funcionarios de carrera que hayan superado sus oposiciones. "No es razonable", ha subrayado García Martín, que la plantilla judicial madrileña descanse sobre esa base tan frágil.
La competencia para convocar nuevas plazas corresponde al Ejecutivo central. Solo después de esa convocatoria, la Comunidad de Madrid puede cubrir esos puestos con personal estable. García Martín ha insistido en que la región está haciendo su parte, pero el Ministerio debe activar una oferta suficiente para responder al volumen de trabajo que soportan los órganos judicales.
No es la primera vez que el Gobierno madrileño traslada esta demanda. García Martín ha explicado que ya ha enviado cartas y escritos al Ministerio de Justicia sin obtener respuesta adecuada. Ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no sitúe entre sus prioridades el refuerzo del sistema judicial.
El consejero ha endurecido además el tono político. Ha acusado al Gobierno central de estar más pendiente de intervenir en el Poder Judicial que de dotarlo de medios. Según García Martín, esa actitud responde a la presión derivada de los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y al propio Ejecutivo.
