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La Comunidad de Madrid recurrirá al Supremo la regularización de migrantes impulsada por el Ejecutivo de Sánchez
Miguel Ángel García Martín sostiene que la medida estatal puede saturar los servicios públicos de la región y critica que el Ejecutivo central no concrete cuántas personas podrían beneficiarse del proceso.
La Comunidad de Madrid prepara un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la regularización de migrantes del Gobierno central. La región considera que la medida afecta gravemente a la prestación de servicios públicos. Lo anunció este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
García Martín cargó contra la gestión migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y denunció la falta de datos concretos. El Gobierno no sabe precisar a cuántas personas puede afectar esta regularización. "Hay un caos en la política migratoria nacional", afirmó el portavoz madrileño en la rueda de prensa posterior.
Esa indefinición agrava la situación, advirtió el consejero. La medida puede tener consecuencias directas sobre la convivencia y el funcionamiento de los servicios públicos en la región. García Martín aseguró que la regularización supondría un riesgo de quiebra de la convivencia, mayor presión sobre los recursos públicos y un efecto llamada que favorecería el negocio de las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Uno de los principales problemas, insistió García Martín, es la ausencia de una cifra clara sobre el número de inmigrantes que podrían acogerse al proceso en Madrid. Reprochó al Gobierno central que no explique los datos y que existan contradicciones entre distintos ministerios sobre el impacto de la medida.
Para el Ejecutivo autonómico, esa falta de información impide anticipar con rigor las consecuencias en sanidad, educación y servicios sociales. La Comunidad considera que la iniciativa estatal se plantea de forma irresponsable, sin tener en cuenta la capacidad real de respuesta de las administraciones que tendrán que asumir buena parte de sus efectos.
