La Comunidad de Madrid denuncia un déficit de personal en juzgados y fiscalías, pide eliminar la tasa de reposición y advierte de que la falta de medios humanos está comprometiendo el funcionamiento de la Administración de Justicia en la región.
El Gobierno madrileño reclama al Ejecutivo central la convocatoria de cerca de 500 plazas de jueces y más de 2.400 de funcionarios de la Administración de Justicia en los próximos años. La demanda responde a un déficit de recursos humanos que, según la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, está afectando al funcionamiento de este servicio público en la región. El informe que sustenta esta petición fue conocido este miércoles por el Consejo de Gobierno.
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, presentó el documento y criticó la "insuficiencia de medios" que padece la Justicia madrileña. Acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener una Justicia "maniatada y sumisa", en un reproche que acompaña a la reclamación concreta de refuerzo de plantillas.
Los números que maneja la Comunidad son elocuentes. A cierre de 2024, Madrid contaba con 732 jueces y magistrados en activo, lo que supone una ratio de 10,4 por cada 100.000 habitantes. Esa cifra queda por debajo de la media nacional (11,9) y muy lejos de la europea (17,4). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había reclamado la cobertura inmediata de 142 plazas, a las que habría que Sumar más de 350 adicionales en los próximos cinco años.
El problema no se circunscribe a la carrera judicial. En el personal funcionario, la Administración de Justicia en Madrid dispone actualmente de 7.811 empleados, pero 3.090 de ellos no son funcionarios de carrera. A esa elevada temporalidad se suma otro factor preocupante: en los dos últimos años se han jubilado 454 trabajadores públicos y la edad media de la plantilla supera ya los 50 años.
El cuadro que dibuja el Ejecutivo autonómico es el de una estructura con plantillas envejecidas, elevada interinidad y cobertura insuficiente para el volumen de asuntos que soportan juzgados, fiscalías y otros servicios vinculados a la Justicia en una región con fuerte peso demográfico y elevada litigiosidad.
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid reclama al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la eliminación de la tasa de reposición.