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García Martín carga contra el "caos" de la regularización y denuncia falta de previsión del Gobierno
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid sostiene que el proceso extraordinario de regularización de migrantes está colapsando servicios municipales en ayuntamientos de distinto signo político y reclama una política migratoria ordenada y vinculada al empleo.
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha criticado este martes la "falta de previsión" del Gobierno central en el proceso de regularización de migrantes. Según ha denunciado, los efectos ya se notan en ayuntamientos de toda España, independientemente de su orientación política. Las declaraciones las ha hecho ante los periodistas durante una visita a las obras de la nueva Oficina de Atención al Ciudadano.
García Martín ha vuelto a cargar contra lo que ha definido como un "auténtico caos" derivado de la regularización extraordinaria promovida por el Ejecutivo central. El portavoz del Gobierno autonómico ha insistido en que el proceso está generando problemas de gestión en cascada y presionando a las administraciones que deben atender los trámites vinculados a esta medida.
El consejero ha enmarcado su crítica en la falta de planificación previa del Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, la regularización se ha activado sin prever sus consecuencias prácticas y sin dotar a los ayuntamientos de herramientas adecuadas para absorber el incremento de solicitudes. Esa carencia, según ha sostenido, está derivando en un colapso de servicios que afecta tanto a las personas migrantes como al conjunto de ciudadanos que dependen de esos mismos recursos públicos.
El Ejecutivo madrileño sigue siendo abiertamente contrario a esta regularización "masiva", expresión que García Martín ha utilizado para rechazar el enfoque elegido por el Gobierno central. Ha defendido que esta no es la manera adecuada de afrontar la inmigración en España y ha reclamado un modelo distinto, basado en el orden y en la vinculación al empleo.
Según el consejero, el problema no es solo una cuestión ideológica o de criterio político. Tiene ya una traducción directa en el funcionamiento cotidiano de los servicios de atención. La acumulación de trámites, el aumento de la presión sobre oficinas municipales y la dificultad para dar respuesta a todas las solicitudes en plazo forman parte del cuadro que la Comunidad de Madrid viene denunciando.
García Martín ha subrayado que el impacto administrativo de la medida se extiende más allá de las áreas de inmigración. Los servicios de empadronamiento, expedición de documentos y otras gestiones municipales están experimentando retrasos y saturación. La Comunidad sostiene que el Gobierno central debería haber coordinado mejor esta iniciativa con las administraciones locales antes de ponerla en marcha.
