Los facultativos paran hasta el viernes contra el Estatuto Marco y la Consejería cifra el impacto económico en más de 16,4 millones.
El conflicto laboral en el seno de la sanidad pública madrileña afronta un nuevo capítulo de máxima presión. Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han arrancado este lunes su quinta semana de huelga médica intermitente, una movilización dirigida contra el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros y mediante la cual exigen una regulación estatutaria propia y diferenciada para el colectivo médico.
La convocatoria actual, que da continuidad a los paros ejecutados durante una semana en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, se prolongará de forma ininterrumpida hasta el viernes 19 de junio. El acto central de las protestas se celebra este lunes con una manifestación nacional frente al Ministerio de Sanidad. Para los próximos días, el sindicato mayoritario Amyts ha diseñado un calendario de concentraciones a las 10:00 horas que recalará el martes en el Hospital 12 de Octubre, el miércoles en el Puerta de Hierro de Majadahonda, el jueves ante la Consejería de Sanidad y el viernes en el Ramón y Cajal.
Desde una perspectiva de optimización de los servicios asistenciales y responsabilidad civil, los comités organizadores han confirmado que esta será la última semana de paros hasta el próximo mes de septiembre. Los sindicatos han pactado una tregua estival para no tensionar el sistema sanitario durante los meses de verano, una etapa tradicionalmente compleja debido al periodo vacacional y a la escasez estructural de profesionales para cubrir las sustituciones en la red pública.
La reactivación de los paros llega tras la validación gubernamental del texto legal, pactado originalmente entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de la mesa sectorial (Satse, CCOO, UGT y CSIF). Mientras que el Comité de Huelga estatal y las Comunidades Autónomas exigen un pacto nacional liderado por la ministra Mónica García, la titular de Sanidad ha echado balones fuera al asegurar que las competencias de gestión pertenecen a las autonomías, instándolas a asumir las reclamaciones sobre la implantación de la jornada de 35 horas o la reducción de las guardias de 24 horas.
Por su parte, el impacto asistencial acumulado en la región es crítico. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha estimado el perjuicio económico directo de la huelga en 16.456.119 euros desde su inicio en diciembre. El balance de la parálisis administrativa y clínica se traduce de momento en la suspensión forzosa de 10.470 intervenciones quirúrgicas, 215.344 consultas externas con especialistas y un total de 21.733 pruebas diagnósticas aplazadas, en una convocatoria global que afecta a hospitales, centros de Atención Primaria y personal MIR, cuyos servicios mínimos fijados han sido denunciados por los sindicatos al considerarlos abusivos.