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García Martín acusa al PSOE de usar el 'lawfare' para tapar la corrupción
El consejero madrileño vincula la investigación a Zapatero en Plus Ultra con los escándalos del sanchismo y reclama elecciones generales
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha acusado este viernes al PSOE de recurrir al término 'lawfare' porque está "rabioso" tras la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Durante la apertura de una jornada del PP de Madrid sobre las "Claves del éxito" de la región, ha reclamado elecciones generales para que un Gobierno "honrado" asuma el control de España.
García Martín, también portavoz del Ejecutivo autonómico, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha denunciado que los periódicos están “llenas de los escándalos de la corrupción” que rodean al Ejecutivo central. Ha enumerado la situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente; la de su hermano; las investigaciones sobre el entorno del Ministerio de Transportes; y la reciente investigación a Zapatero en el caso Plus Ultra.
“Drogas, prostitución, creación de puestos a dedo para la familia. Estas han sido todas y cada una de las manifestaciones de la corrupción que nos ha traído el sanchismo a nuestro país”, ha censurado el consejero durante su intervención ante los asistentes.
Según García Martín, el PSOE recurre al concepto de 'lawfare' porque, en su opinión, “no puede soportar que haya instituciones que hayan puesto pie en pared” y están investigando presuntos casos de corrupción. El portavoz regional ha sostenido que Sánchez y Zapatero han compartido hasta ahora un "proyecto político" y se ha preguntado si acabarán también compartiendo "celda". “Esa es la duda que tendremos y que, seguramente, muy pronto se nos despejará”, ha señalado.
En referencia al centro penitenciario de Soto del Real, García Martín ha añadido que “ahora que están tan preocupados por los viajes y por los gastos de los viajes, yo les digo que no se preocupen, que Soto del Real van a tener todo absolutamente pagado”, en una crítica velada a la preocupación del Gobierno por los gastos de desplazamientos.
El portavoz del Gobierno madrileño ha interpretado los últimos resultados autonómicos como un rechazo ciudadano a Sánchez. Ha afirmado que los españoles ya han hecho “cuatro mociones de censura” al presidente en las elecciones de Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía, mostrando su descontento con la gestión nacional.
A juicio de García Martín, esos comicios han mostrado a Sánchez la "puerta de salida" de La Moncloa. Sin embargo, ha sostenido que el presidente sabe que, si abandona el Gobierno, “se va a desmoronar como un castillo de naipes”, lo que lo mantendría atrapado en el poder.
El consejero ha insistido en la necesidad de convocar elecciones generales para abordar el deterioro de servicios dependientes de la Administración General del Estado. Ha citado el "caos" en Cercanías, el apagón eléctrico, la política migratoria y otros servicios públicos como evidencia del mal funcionamiento del Ejecutivo central.
En clave madrileña, García Martín ha afirmado que el PP afronta una "responsabilidad absoluta" ante los ciudadanos de la Comunidad. El partido volverá a pedir su confianza con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta obtenida en las últimas elecciones autonómicas, buscando ampliar su respaldo electoral.
El consejero ha defendido que esa mayoría puede seguir creciendo si el Gobierno regional mantiene su hoja de ruta y cumple los compromisos adquiridos con los madrileños. Ha reivindicado el cumplimiento del programa electoral tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, argumentando que el PP podrá presentarse ante los ciudadanos con una “hoja de servicio completamente satisfecha”.
García Martín ha situado entre los elementos centrales de esa gestión las bajadas de impuestos y las inversiones realizadas por el Gobierno regional. Ha contrapuesto el modelo madrileño con la situación política nacional, defendiendo la estabilidad institucional de Madrid frente al Ejecutivo de Sánchez como ejemplo de buen gobierno.
