Mientras los madrileños asistían atónitos a la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España por las protestas propalestinas en el centro de la capital, varios miembros del Gobierno y del PSOE en la Comunidad de Madrid no solo rehusaron condenar los disturbios, sino que, con un discurso cada vez más radicalizado, llegaron a celebrar públicamente las manifestaciones, aun a costa de justificar episodios de violencia y 22 policías heridos.
El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, declaró sentir “orgullo” por las protestas del domingo, que calificó como una muestra de que el pueblo de Madrid “no agacha la cabeza” ante lo que denominó “el genocidio” en Gaza. A su juicio, la suspensión del evento deportivo fue el resultado natural de una movilización justa y necesaria, a pesar de que el acto terminó con agresiones a agentes y caos en el centro de la ciudad.
Por su parte, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue aún más allá al afirmar que La Vuelta “habría sido normal” si no hubiera participado el equipo de Israel, país al que calificó abiertamente como “genocida”. En declaraciones a la Cadena Ser, justificó la presión ejercida por los manifestantes y criticó con dureza las imágenes de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, saludando al equipo ciclista israelí. Aseguró sentir “vergüenza” y “bochorno” por el gesto, al que atribuyó un carácter calculado y provocador, como si mostrar educación y respeto hacia deportistas fuese motivo de reprobación política.
La ministra aprovechó también para presionar al Comité Olímpico Internacional y a otros organismos deportivos internacionales para que adopten contra Israel medidas similares a las impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Sin matices ni diferenciación alguna, y asumiendo como verdad absoluta una narrativa única, Alegría insistió en que el deporte “no puede ser una isla ajena al sufrimiento de Gaza”, deslizando así que vetar a equipos israelíes sería un acto de coherencia moral.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, felicitó sin reservas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su actuación, aunque simultáneamente insistió en que los incidentes violentos fueron “muy puntuales” y que la manifestación fue “pacífica y potente”. Acusó a quienes denunciaron la violencia de “disfrazarla” y volvió a arremeter contra Ayuso por fotografiarse con el equipo israelí, al que vinculó con una supuesta provocación, sin mencionar en ningún momento a los agentes heridos ni asumir ninguna responsabilidad por el caos vivido en el dispositivo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo la misma línea negacionista, calificando el operativo como “absolutamente suficiente”, pese a que las cifras contradicen esta afirmación. Equiparó el dispositivo de seguridad con el de la cumbre de la OTAN de 2022, minimizando así el impacto real de los altercados. Aunque deseó una pronta recuperación a los 22 agentes heridos, el titular de Interior no condenó los disturbios ni mostró la más mínima crítica hacia quienes impidieron violentamente el desarrollo de la competición.
Desde el PSOE madrileño, la portavoz en la capital, Reyes Maroto, se sumó a la narrativa oficialista afirmando sentirse “orgullosa” de la manifestación, y acusó tanto al alcalde Almeida como a la presidenta Ayuso de “no estar a la altura” por condenar la violencia. Recurriendo a comparaciones emocionales, señaló que en Gaza “han muerto 20.000 niños” y que los que salieron a las calles en Madrid lo hicieron para “parar el fascismo”.
Lejos de defender la convivencia o de promover una reacción institucional firme ante los actos de coacción y violencia, desde el Ejecutivo se ha optado por instrumentalizar políticamente una causa legítima, diluyendo los límites entre protesta pacífica y sabotaje, entre el derecho a manifestarse y el asedio a un evento deportivo internacional. El silencio ante los policías heridos, el desprecio hacia los deportistas por su nacionalidad, y la utilización partidista de un conflicto internacional dejan en evidencia una preocupante deriva ideológica que antepone el enfrentamiento a la responsabilidad institucional.