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Madrid denuncia un aluvión de citas por la regularización y endurece los certificados de vulnerabilidad
José Fernández denuncia un aumento "exponencial" de solicitudes tras la entrada en vigor del decreto del Gobierno, critica la falta de coordinación con los ayuntamientos y avanza que el Consistorio solo emitirá certificados cuando exista intervención social previa.
José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, ha denunciado este lunes que la regularización extraordinaria del Gobierno ha disparado las solicitudes en los servicios municipales: de 1.500 citas diarias hace una semana han saltado a 4.000 con la entrada en vigor del decreto y a 5.500 al día siguiente. El edil ha criticado que la medida se aprobó sin coordinación con comunidades autónomas ni ayuntamientos y ha anunciado que el Consistorio solo emitirá certificados de vulnerabilidad cuando exista intervención social previa.
Fernández expuso estos datos ante los medios al término de la comisión del área. Allí cargó contra la gestión del Ejecutivo central y advirtió de que el incremento de demanda está tensionando el funcionamiento ordinario de los servicios sociales municipales. El proceso se ha puesto en marcha de manera precipitada, sin información suficiente ni recursos adicionales para absorber el aluvión de solicitudes, según su criterio.
El certificado de vulnerabilidad, pieza clave del procedimiento, llegó a los ayuntamientos el mismo jueves en que ya comenzaban a acumularse las peticiones. Fernández ha subrayado que ese documento no fue consensuado previamente con las entidades locales, pese a que son los servicios sociales municipales quienes deben tramitar buena parte de los expedientes y afrontar la presión asistencial derivada de la medida.
El Ayuntamiento de Madrid ha fijado un criterio claro: cumplirá la legalidad, pero no certificará situaciones que no pueda acreditar. Fernández ha explicado que el Consistorio solo emitirá certificados de vulnerabilidad cuando existan antecedentes en los servicios sociales y una intervención previa que permita verificar la situación de la persona solicitante. La intención es evitar que trabajadores municipales tengan que avalar circunstancias sobre las que no disponen de información contrastada.
El edil ha defendido que esa cautela responde a una obligación elemental de seguridad jurídica y de rigor administrativo. No es razonable, ha planteado, exigir a un funcionario o a un trabajador social que certifique una vulnerabilidad si no existe historial, seguimiento o conocimiento previo del caso. En consecuencia, las solicitudes ya presentadas sin ese respaldo serán rechazadas.
Desde el Ayuntamiento advierten de que esta postura puede generar conflictos con el Gobierno central, que espera que los municipios colaboren en la tramitación del proceso. Sin embargo, Fernández ha dejado claro que Madrid no está dispuesta a comprometer la responsabilidad de sus trabajadores ni a emitir documentos que no pueda justificar administrativamente.
