La FMM denuncia el colapso de los servicios municipales por la regularización de migrantes

Judith Piquet, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, ha alertado este lunes de un «colapso» en los servicios municipales de la región tras la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026 de regularización migratoria extraordinaria. Reclama una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para abordar lo que describe como una «situación límite» en los ayuntamientos: carga administrativa sin recursos, sin planificación compartida y sin apoyo económico del Ejecutivo central.

La denuncia llega en forma de carta dirigida a la Delegación del Gobierno. Piquet, que también es alcaldesa de Alcalá de Henares, expresa su «preocupación» por el impacto de las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez en la administración local. Su crítica no apunta tanto a la decisión política de regularizar como a cómo se ha ejecutado: sin coordinación con los municipios madrileños, que funcionan como primera ventanilla para miles de trámites.

Según Piquet, el real decreto se aprobó de forma «unilateral», sin contar con ayuntamientos ni comunidades autónomas, y sin información previa suficiente de la Delegación del Gobierno o del Ministerio de Migraciones. En su escrito evita pronunciarse sobre la «oportunidad» de la medida o sus intenciones a largo plazo, pero sí cuestiona la falta de previsión en la gestión de una decisión de gran alcance administrativo y social.

El reproche más directo apunta al efecto inmediato sobre los servicios de atención municipal. La tramitación de documentación para los beneficiarios del proceso recae sobre los ayuntamientos sin que el Estado haya previsto refuerzos de personal, financiación extraordinaria ni mecanismos de compensación. El resultado es un atasco creciente en oficinas locales ya saturadas por la carga ordinaria.

Sin refuerzos ni financiación

En la misiva, Piquet lamenta que el texto aprobado no contemple «ningún apoyo económico, de personal ni ningún tipo de dotación adicional» para las administraciones locales, pese a que son estas las que deben asumir buena parte de la gestión operativa de la regularización.