La Comunidad impugna el convenio entre Madrid y Rivas para actuar en la Cañada Real

La Comunidad impugna el convenio entre Madrid y Rivas para actuar en la Cañada Real
Comunidad de Madrid | Región · · Actualizada · 2 min de lectura

El Gobierno impugnará un convenio entre la Policía Local de Madrid y la de Rivas para combatir infracciones en la Cañada Real, al considerar que incumple la Ley sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que prevé la acción de una policía local en otro término sólo en emergencia o a petición de la autoridad competente.

Según una nota de prensa remitida por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la impugnación será presentada en los próximos días ante el contencioso-administrativo

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El objetivo de dicho convenio, tal como acordaron los ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, es la colaboración entre sus respectivos cuerpos de Policía Local para "actuar con más eficacia" en la Cañada Real y "combatir con mayor eficiencia" las infracciones de la legalidad urbanística, medioambiental y sanitaria que se registran en ese poblado.

La Delegación dice que este acuerdo "es contrario a lo establecido en el artículo 51.3 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y añade que en la Junta Local de Seguridad de Rivas-Vaciamadrid del 27 de febrero pasado el representante de la Delegación y la Guardia Civil emplazaron a no firmar el convenio al no ajustarse a la legalidad.

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Además, la Delegación dice que el convenio tampoco se ajusta al artículo 27 de la Ley 4/1992 autonómica, que establece la misma limitación territorial en la actuación de las policías locales.

El convenio fue ratificado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, el 5 de abril pasado.

La intención del convenio, según sus firmantes, es fomentar "un mejor y mayor intercambio de información entre ambos cuerpos y la acción conjunta frente a construcciones ilegales, vertidos o quemas de basura", y atender con mayor eficacia las tareas preventivas de inspección y denuncia en materia de protección de la ordenación del territorio, medioambiente y urbanismo.

 

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