El 66% de los jueces y fiscales secunda la huelga en Madrid

Las asociaciones profesionales convocantes de la huelga contra las reformas de la Justicia del ministro Alberto Ruiz Gallardón han cifrado en 2.560 los jueces y fiscales que han seguido el paro, es decir, un 62% de ambas carreras, porcentaje que han considerado "satisfactorio".

Mientras, el Consejo General del Poder Judicial ha informado de que han sido 2.018 los jueces que han parado, número que, según el CGPJ, equivale al 40,23% de los 5.015 miembros de la carrera judicial. La Fiscalía del Estado no ha informado sobre los 2.400 fiscales españoles. Aunque a esos 2.018 jueces haya que Sumar los fiscales que han seguido el paro, el porcentaje de ambas fuentes no coincide.

El seguimiento, en cualquier caso, ha supuesto la paralización de unos 10.000 señalamientos, siempre según los convocantes, quienes han destacado los servicios mínimos adoptados por su iniciativa: no se han visto afectadas las medidas cautelares o las causas con presos, ni las bodas y enterramientos.

Además, no ha habido incidentes, aunque sí numerosas concentraciones de apoyo celebradas ante los edificios de sedes judiciales en ciudades de toda España y protagonizadas por jueces, magistrados, fiscales, secretarios, abogados y procuradores, apoyados por los sindicatos de los funcionarios, que han convocado un paro de una hora.

En una asamblea ante jueces y fiscales celebrada en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, el portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, quien también ha calificado de satisfactorio el seguimiento, ha lamentado haber tenido que llegar a estas medidas, que "causan perjuicio a los ciudadanos". Además ha atribuido a la "exclusiva responsabilidad del ministro, que no ha expresado la más mínima voluntad de diálogo", el que hayan tenido que recurrir a esta medida.

El paro ha sido convocado contra la reforma de la Administración de Justicia promovida por Alberto Ruiz Gallardón, quien ha puesto en marcha medidas como un nuevo diseño del CGPJ, la práctica eliminación de jueces y fiscales sustitutos, la modificación del Registro Civil (privatizadora, según los convocantes) o las nuevas tasas judiciales.

No han secundado esta tercera huelga de jueces y primera de fiscales las conservadoras y mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.

Disparidad de datos

En cuanto a la disparidad de datos sobre el seguimiento entre convocantes y CGPJ, fuentes jurídicas han informado de que al no estar regulado el derecho de huelga de jueces y fiscales, aunque tampoco expresamente prohibido, no están tampoco previstos los métodos de medición (ni tampoco los servicios mínimos).

Según los convocantes, el órgano de gobierno de los jueces toma para su estimación una base del total de jueces (5.015) mucho mayor que la correcta, de la que hay que excluir a jueces y fiscales sustitutos o a los que están de licencia o baja, por lo que han deslegitimado a este órgano para dar datos de la huelga.

Los datos de las asociaciones se pueden desglosar en un 66% en Madrid; un 56 % en Cataluña; un 74 % en Extremadura; un 69 % en Andalucía; un 71 % en Aragón; un 59 % en Valencia; un 58 % en el País Vasco; un 72 % en Murcia y un 68 % en Canarias, siempre según la misma fuente.

Los porcentajes suministrados por los tribunales de Justicia de cada una de las comunidades autónomas son también inferiores que los de las asociaciones. Además, según esta fuente, menos de la mitad de los jueces de Castilla y La Mancha o de Castilla y León hicieron huelga este viernes.

Salvador Victoria se muestra favorable a la reforma

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, está de acuerdo con la filosofía de las tasas judiciales para "aquellos que puedan pagar", porque la justicia es un servicio que "sale muy caro a todos, en el caso de la Comunidad de Madrid 400 millones de euros al año".

El consejero regional ha expresado su "respeto" hacia el "derecho de huelga de los jueces, como de cualquier colectivo" y ha señalado que la protesta en este caso es contra una iniciativa del Ministerio de Justicia.

Victoria ha destacado que la subida de tasas afectará especialmente a las grandes entidades financieras, "que son las más afectadas", mientras que el Ministerio de Justicia ya ha avanzado su "voluntad de retocar" el importe de las tasas o incluso de suprimirlas en algún caso, "cuando se pueda acreditar que puedan suponer una barrera de acceso a la tutela judicial efectiva".