El grupo del PP en la Asamblea de Madrid ha registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) en la que pide a la Comunidad que exija al Gobierno central la defensa de "la red de centros concertados" y que se les dé "los recursos necesarios" para asegurar "la libertad de elección de las familias".
La iniciativa, a cuyo texto ha tenido acceso Efe, también demanda al Ejecutivo nacional "promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros", así como "garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial".
Se reclama al Gobierno, asimismo, "abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas".
El PP quiere, a su vez, que el Ejecutivo respete "el ámbito competencial de las comunidades autónomas" y garantice "el cumplimiento de la ley" en aquellas "que no usen con responsabilidad sus transferencias educativas".
Por último, la PNL insta directamente a la Comunidad de Madrid a "defender y profundizar en el actual modelo educativo" y "seguir utilizando la descentralización competencial para mejorar la calidad del sistema educativo madrileño".
Tras registrar la iniciativa, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha aludido a las "nefastas declaraciones" realizadas el pasado sábado por la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, quien dijo que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es "emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución".
Según Serrano, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que citó posteriormente la ministra para respaldar sus palabras "dice claramente que una de las maneras de garantizar" el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que prefieran para sus hijos "es precisamente mediante la elección de centro".
Sobre la PNL que presentó Unidas Podemos en el Pleno de la semana pasada y que pedía, entre otros, "articular las medidas legislativas necesarias para no financiar con fondos públicos aquellos centros educativos que tengan una educación diferenciada por sexo", Serrano ha calificado de "sectario" que la izquierda "pretenda no financiar algo que tiene la cobertura del TC".
Además, el portavoz ha indicado que sólo 14.000 de los 1,2 millones de niños escolarizados en la región van a colegios con "educación diferenciada", por lo que "ese no es el mayor de los problemas", y ha citado como prioridad "hacer a nuestros niños más competitivos" mediante la adaptación a "los retos de la tecnología" y la mejora de la enseñanza de idiomas. EFE
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