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La Comunidad endurece la regulación de las viviendas turísticas
La Comunidad de Madrid aprobará este miércoles una actualización del decreto que regula las viviendas de uso turístico con el objetivo de reforzar el control sobre esta actividad y garantizar unos estándares mínimos de calidad, en un contexto de creciente debate sobre su impacto en el mercado residencial.
La nueva norma introduce por primera vez exigencias concretas sobre el equipamiento de estos alojamientos, que deberán contar con ropa de cama, baño y mesa, así como menaje completo de cocina, con el fin de asegurar unas condiciones adecuadas para los usuarios.
Más control y capacidad para los ayuntamientosEntre las principales novedades, el decreto permitirá a los ayuntamientos limitar la presencia de las viviendas turísticas por edificio, zona o área, reforzando así la capacidad de ordenación a nivel local.
Asimismo, se establece la obligación de contar con un certificado de idoneidad y se fija la ocupación máxima de estos alojamientos, avanzando hacia un modelo más regulado frente al crecimiento desordenado de años anteriores.
La norma también incorpora nuevas condiciones para los apartamentos turísticos en materia de ventilación, iluminación y equipamiento, además de exigir sistemas de oscurecimiento en dormitorios y salones.
Queda expresamente prohibido el uso turístico en las viviendas de protección pública y en aquellos edificios donde lo prohíban las comunidades de propietarios, adaptándose así a recientes pronunciamientos judiciales.
Además, la responsabilidad de presentar la declaración para iniciar la actividad recaerá en los titulares del servicio turístico, y no en los propietarios del inmueble.
Refuerzo de las inspecciones y de las sancionesEsta actualización se enmarca en el plan de control puesto en marcha en 2024, que ha intensificado las inspecciones y las sanciones. En los dos últimos años, la Comunidad ha impuesto multas cercanas al medio millón de euros y ha incrementado notablemente las bajas de viviendas turísticas.
En 2025 se dieron de baja más de 3.000 alojamientos, un aumento significativo respecto al año anterior, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se han retirado más de 300.
Actualmente, la región cuenta con algo más de 15.000 viviendas de uso turístico, con una presión sobre el parque residencial que se sitúa en torno al 0,5%, según datos oficiales.
Desde el Gobierno regional se defiende que esta regulación busca garantizar el cumplimiento de la legalidad, proteger a los usuarios y evitar distorsiones en el mercado, especialmente ante el trasvase hacia fórmulas como el alquiler de temporada, que, a su juicio, escapan a un control efectivo.
