Jorge Rodrigo defiende la ley de vivienda frente al intervencionismo del Gobierno central

El Gobierno regional confía en que la norma impulsará 18.000 pisos protegidos, mientras la oposición advierte que no garantiza el acceso a vivienda digna

La Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda de la Comunidad de Madrid avanzó en su tramitación parlamentaria después de que PP y VOX rechazaran este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid y PSOE. El proyecto busca aumentar la edificabilidad y densidad urbana, con el objetivo de impulsar la creación de 18.000 viviendas protegidas en la región.

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, defendió ante la Asamblea de Madrid que el proyecto es “serio, ambicioso y útil”. Según el Ejecutivo autonómico, la norma permitirá ampliar la oferta residencial, acelerar desarrollos y eliminar trabas administrativas en un mercado bajo presión constante.

“Apostamos por aumentar la oferta. Esa es la clave. Más vivienda, especialmente vivienda protegida, como única vía eficaz para moderar los precios y garantizar el acceso”, subrayó Rodrigo durante el debate parlamentario.

El consejero identificó el principal obstáculo en la política estatal de vivienda. Acusó al Gobierno de España de apostar por “intervenir el mercado” y “generar inseguridad jurídica”, en contraste con el modelo madrileño, que prioriza aumentar la oferta disponible.

Rodrigo reprochó al Ejecutivo central “inacción y sectarismo” y afirmó que sus medidas “complican y restringen” el desarrollo de nuevas promociones. “Esa es la lamentable realidad de las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez”, censuró.

Más Madrid rechazó la ley por considerar que profundiza en la “privatización de la gestión del suelo”. El diputado Jorge Moruno reclamó abaratar las promociones y limitar el precio del suelo destinado a vivienda protegida a un máximo del 15% sobre el valor del módulo.

"Ustedes practican el abandono institucional sobre el patrimonio de los madrileños. Y lo hacen adrede. Lo hacen adrede porque no confían en lo público. Quieren denigrar lo público para justificar privatizaciones y luego aparecer como salvadores que bajan los impuestos. Ustedes parten las piernas y luego ofrecen las muletas", afirmó Moruno.

El PSOE también rechazó el proyecto al entender que no refuerza el parque público de vivienda ni responde a los desequilibrios del mercado. El diputado Javier Guardiola argumentó que la norma no garantiza el acceso efectivo a una vivienda digna para los colectivos con menos recursos.

“Esta ley de oferta de vivienda protegida ni protege la vivienda, ni aumenta la oferta, ni hablan ni siquiera de vivienda. No engañen a la gente con los nombres”, criticó Guardiola, acusando al Ejecutivo regional de presentar una norma incapaz de corregir los problemas estructurales del mercado residencial.

Vox permitió que la ley continuara su tramitación, aunque expresó reservas sobre el contenido y los tiempos del proyecto. La diputada Beatriz Tejero señaló que puede entender “la urgencia” de la norma, pero no “las prisas” con las que llega a la Cámara regional.

Tejero planteó que parte de la necesidad de vivienda podría haberse resuelto con mayor facilidad mediante la movilización de viviendas públicas ya existentes. Según afirmó, muchas de estas viviendas no salen al mercado del alquiler por falta de mantenimiento y acaban siendo ocupadas.

La parlamentaria de Vox también advirtió de que la ley no incorpora “algunas limitaciones y recursos para evitar la especulación”. Su grupo reprochó a la izquierda la presentación de enmiendas a la totalidad, una vía que consideró “bastante fácil”, aunque reclamó mejoras durante la tramitación parlamentaria.

Más edificabilidad y nuevos usos temporales

La nueva ley incorpora instrumentos urbanísticos extraordinarios para movilizar suelo, acelerar proyectos residenciales y reducir obstáculos administrativos. El Ejecutivo autonómico defiende que estas medidas permitirán desbloquear promociones y facilitar la construcción de vivienda protegida en la región.

Entre las principales novedades figura la inclusión de redes públicas sin edificar destinadas a vivienda protegida entre las parcelas que podrán acogerse a incrementos de edificabilidad y densidad. Esta modificación busca aprovechar mejor los suelos públicos disponibles y aumentar la capacidad de promoción por parte de las administraciones.

La norma también habilita a los ayuntamientos para autorizar de forma temporal, y sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, modalidades de alojamiento temporal en parcelas vacantes de uso industrial situadas en ámbitos urbanos consolidados.

El Gobierno regional sostiene que esta medida permitirá recuperar viviendas actualmente destinadas a usos temporales, atender necesidades vinculadas a la movilidad laboral y dar salida a suelos infrautilizados mediante soluciones residenciales compatibles con el entorno urbano.

La ley introduce además medidas de simplificación administrativa mediante la aplicación del silencio positivo en la emisión de informes sectoriales. En concreto, si los informes preceptivos no se emiten en un plazo máximo de tres meses, el planeamiento urbanístico podrá continuar su tramitación.

Con esta fórmula, la Comunidad de Madrid pretende evitar bloqueos administrativos, reducir los tiempos de espera y ofrecer mayor seguridad jurídica al desarrollo de nuevos proyectos residenciales. La norma seguirá ahora su recorrido parlamentario, donde los grupos podrán presentar enmiendas parciales antes de su aprobación definitiva.