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La Comunidad defiende el Plan Vive ante las demandas de inquilinos
La Comunidad de Madrid asegura que supervisa el cumplimiento de obligaciones contractuales de las gestoras privadas ante las demandas de inquilinos.
La Comunidad de Madrid ha defendido este martes el «éxito» del Plan Vive ante la reclamación de inquilinos afectados que demandan una mesa de diálogo para resolver los «más de 130» tipos de problemas que presentan sus viviendas, entre ellos plagas de ratas e insectos.
El Plan Vive es una iniciativa del Gobierno regional basada en un modelo de colaboración público-privada que pone suelo público a disposición de empresas privadas para la construcción de viviendas. A través del programa, se ofertan pisos con precios entre un 30% y un 40% por debajo del coste de mercado, facilitando el acceso a la vivienda de miles de madrileños.
Sin embargo, la Asociación de Inquilinos y Personas Afectadas por el Plan Vive ha denunciado la «calidad ínfima» de los materiales constructivos. Los problemas van desde pequeñas averías —fallos en grifería y aerotermia, con frío en invierno y calor en verano— hasta cuestiones de insalubridad relacionadas con plagas de ratas e insectos en promociones sin perimetrar.
Los inquilinos también han puesto sobre la mesa «sobrecostes» sobre el supuesto alquiler asequible inicial y el pago de impuestos como el IBI o la tasa de basuras. Además, acusan tanto a la Comunidad de Madrid como a las empresas concesionarias de falta de transparencia y atención ante estas situaciones.
Desde la Consejería de Vivienda, dirigida por Jorge Rodrigo, se ha subrayado que la gestión ordinaria de las promociones corresponde a las empresas concesionarias, «que tienen la obligación contractual de atender las incidencias y garantizar el correcto mantenimiento de los edificios». La Comunidad, según sus fuentes, es quien «supervisa que esas obligaciones se cumplan».
«La Comunidad de Madrid no se desentiende en absoluto de estas promociones», ha remarcado la Consejería. El departamento ha insistido en que el Plan Vive ha permitido que miles de madrileños accedan a una vivienda «de calidad» a un precio inferior al del mercado libre y «sigue siendo una de las principales políticas públicas de vivienda» de la región.
Respecto a las cuestiones concretas denunciadas por los adjudicatarios, desde el área de Vivienda se ha censurado que se citen importes de gastos específicos sin explicar la tipología de la vivienda, su superficie, el número de dormitorios o el municipio en el que se ubica, aspecto que consideran que ofrece «una visión parcial que no refleja la realidad del programa».
La Consejería ha recordado que la relación entre arrendador y arrendatario se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que recoge la posibilidad de desistir del contrato en los términos previstos legalmente si se considera que la vivienda ya no responde a las necesidades del inquilino. Sin embargo, los afectados señalan que si desistiesen tendrían que enfrentarse a la penalización económica correspondiente a la parte proporcional.
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