Las comunidades del PP exigen una ley de vivienda que respete sus competencias

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han defendido este lunes en el Senado sus políticas de vivienda como alternativa a la actual Ley estatal, a la que han tachado de intervencionista y ajena a la realidad territorial. En una sesión de la comisión general de las comunidades autónomas, forzada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, los consejeros autonómicos han reclamado una modificación de la normativa vigente y una nueva legislación que respete las competencias de cada región.

Durante sus intervenciones, los responsables autonómicos han criticado la ausencia del Gobierno central y de las comunidades gobernadas por el PSOE, así como la falta de diálogo por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “Esta ministra tiene mucha afición a hablar para la prensa, pero para hablar con los consejeros no lo suele hacer con mucha frecuencia”, denunció el consejero cántabro Roberto Media.

Una de las principales reivindicaciones comunes ha sido la convocatoria urgente de una conferencia sectorial de vivienda. La consejera andaluza Rocío Díaz Jiménez subrayó la necesidad de “más trabajo y menos demagogia”, reclamando al Ejecutivo central mayor disposición al diálogo y una verdadera voluntad de cooperación institucional.

Los consejeros populares han insistido en la necesidad de fortalecer las competencias autonómicas y han defendido sus propias políticas, centradas en la construcción de nueva vivienda y en la lucha contra la okupación, como un enfoque más eficaz frente a los problemas reales de acceso a la vivienda. En este sentido, rechazaron expresamente cualquier medida de intervención en el mercado, como el control de precios del alquiler, y denunciaron que estas políticas terminan reduciendo la oferta y afectando negativamente a los ciudadanos.

Las regiones gobernadas por el PP han presentado sus iniciativas como modelos alternativos, poniendo el acento en la promoción del parque público, las ayudas a jóvenes para el acceso a la vivienda y la seguridad jurídica de los propietarios. Aunque reconocen que el acceso a la vivienda es uno de los problemas más acuciantes para los españoles, defienden que las soluciones deben surgir desde la subsidiariedad y el respeto al principio de autonomía regional, lejos del centralismo normativo actual.