El PP pondrá en marcha servicios de asesoramiento jurídico para víctimas de la ocupación en sus comunidades autónomas

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha anunciado que todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido implementarán un servicio de atención y asesoramiento jurídico para personas afectadas por la ocupación.

Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar a las familias perjudicadas por la ocupación información y orientación legal para buscar soluciones a este problema, según ha detallado Martín en sus declaraciones a los medios de comunicación.

Desde la sede de Génova en Madrid, Martín ha señalado que cada año se producen entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación en España. Según la vicesecretaria, desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, estos delitos han experimentado un aumento del 39%. Martín ha subrayado que las comunidades gobernadas por el PP ofrecerán una respuesta coordinada: "Van a poner en común servicios para atender a las víctimas de la ocupación, a esas familias que han dedicado el ahorro de toda una vida a comprar un piso para ponerlo en alquiler y que ven que es ocupado o que dejan de pagar los inquilinos el alquiler".

Presentación de una nueva Ley de Vivienda y suelo en el Senado

Además, Paloma Martín ha recordado que el PP presentará su propia ley de suelo y vivienda en el Senado, una propuesta en la que el equipo de Alberto Núñez Feijóo ha estado trabajando durante los meses de julio y agosto. Según Martín, este proyecto legislativo es "reformista" y tiene como finalidad dar respuesta "a las necesidades de la vivienda en España".

Martín ha criticado las políticas del Gobierno de Sánchez, señalando que "las decisiones del Gobierno de Sánchez vienen estrangulando el mercado de la vivienda en los últimos años, y esta situación hay que revertirla". Asimismo, ha advertido que la vivienda se está convirtiendo en una "emergencia nacional" debido al incremento de los precios y la ocupación, situaciones que, en su opinión, han sido agravadas por la Ley de Vivienda aprobada en la anterior legislatura.