El Consejo de Ministros aprueba el Estatuto del Becario con multas de hasta 225.000 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el ámbito de la empresa, más conocido como Estatuto del Becario. Se trata de una norma que llevaba más de dos años en espera desde que fue presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social junto a los sindicatos, y que ahora deberá ser tramitada por las Cortes Generales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que esta ley representa “la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país” y tiene como objetivo principal impedir que los estudiantes sean utilizados como mano de obra barata. A partir de ahora, quienes realicen prácticas no laborales “no podrán sustituir a trabajadores” y tendrán derechos garantizados dentro del entorno empresarial.

Sanciones de hasta 225.000 euros por abusos y discriminación

El texto incorpora un régimen sancionador con multas a las empresas que infrinjan los derechos de los estudiantes en prácticas, que oscilarán entre los 7.500 y los 225.000 euros, en función de la gravedad. Las infracciones más graves incluyen discriminaciones por motivos de edad, sexo, religión, lengua, orientación política o sindical, así como por vínculos familiares o trato desfavorable tras presentar una reclamación. También se contempla como infracción grave cualquier práctica que vulnere el principio de igualdad o represente una sustitución encubierta de personal contratado.

La norma recoge además la obligación de las empresas de compensar económicamente a los alumnos por los gastos derivados de su estancia en prácticas, como transporte, manutención o alojamiento. Esta compensación deberá figurar en el convenio de cooperación con el centro formativo.

Límites a las prácticas extracurriculares

El Estatuto establece que las prácticas extracurriculares no podrán superar el 15% del total de horas de los créditos ECTS de una titulación, ni las 480 horas. En el caso de títulos propios universitarios, se fija un límite del 25% entre prácticas curriculares y extracurriculares, con un máximo de tres meses para títulos de 60 créditos ECTS o más.

Las prácticas deben tener siempre una finalidad exclusivamente formativa, y no podrán en ningún caso implicar una sustitución de puestos de trabajo estructurales. Con esta medida, el Gobierno pretende poner fin a una situación que ha permitido durante años a muchas empresas beneficiarse de trabajo no remunerado bajo la etiqueta de formación.

Una ley con discrepancias internas y sin el aval universitario

A pesar de su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto ha generado divisiones internas entre el PSOE y Sumar, y su tramitación parlamentaria se presenta incierta tras el distanciamiento de Junts con el Ejecutivo. Además, los rectores universitarios han denunciado públicamente que no han sido incluidos en el proceso de elaboración de la norma.

El texto también contempla una serie de obligaciones para los alumnos en prácticas, entre ellas el cumplimiento del proyecto formativo, el respeto al calendario y horario establecido, la confidencialidad sobre la información interna de la empresa y el mantenimiento del buen nombre del centro académico al que pertenecen. Deberán mantener contacto constante con sus tutores académicos y entregar los informes requeridos por la universidad o entidad formativa.

Yolanda Díaz ha destacado que esta ley pone fin a la "segregación" de los estudiantes en prácticas dentro de las empresas. A partir de su entrada en vigor, tendrán derecho a utilizar los mismos espacios, servicios e instalaciones que el resto de la plantilla. “Las personas que se están formando van a tener derechos. Se acabó la segregación en la formación”, ha afirmado con contundencia.

El texto todavía deberá ser objeto de debate parlamentario, y el Ejecutivo necesitará buscar apoyos para su aprobación definitiva.