Presentar la renta será obligatorio para parados con prestación desde 2025

Los desempleados que perciban prestaciones deberán presentar la declaración de la renta a partir de 2025, aunque no alcancen los límites mínimos de ingresos establecidos hasta ahora. Esta nueva obligación, recogida en el real decreto-ley del 21 de mayo de 2023, entrará en vigor el 1 de noviembre de este año y afectará ya a la Campaña de la Renta de 2025.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce modificaciones significativas en el sistema de protección por desempleo. Aunque inicialmente fue rechazado en enero por Podemos, el Gobierno reincorporó las demandas de esta formación política, logrando su aprobación en mayo con el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT, pero sin el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme.

Cambios en las prestaciones por desempleo

Entre las principales novedades, el decreto incluye un aumento progresivo de las cuantías del subsidio por desempleo, actualmente fijadas en 480 euros mensuales (80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem), así como la ampliación de los colectivos beneficiarios. Además, se permitirá compatibilizar tanto la prestación contributiva como el subsidio por desempleo con un salario, lo que busca fomentar la empleabilidad de los beneficiarios.

En paralelo, el texto incorpora la obligación de presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los perceptores de prestaciones por desempleo, independientemente de sus ingresos. Hasta ahora, solo debían hacerlo aquellos que superasen los 22.000 euros anuales procedentes de un único pagador, o los 15.000 euros si contaban con dos o más pagadores, con límites específicos en los importes abonados por el segundo pagador.

Sanciones y pérdida de la prestación

La medida tiene consecuencias importantes para quienes incumplan esta nueva exigencia. Según lo establecido, "la entidad gestora detectará si los beneficiarios no han presentado la declaración del IRPF en las condiciones y plazos previstos". De ser así, podrán perder el derecho a percibir la prestación y enfrentarse a las sanciones estipuladas por el Ministerio de Hacienda.

Este cambio también afecta a otros colectivos, como los autónomos, quienes desde este año están obligados a declarar sus ingresos al margen del nivel económico alcanzado. Estas modificaciones buscan reforzar el control fiscal y mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Con estas disposiciones, el Gobierno pretende optimizar el sistema asistencial y garantizar la compatibilidad entre las prestaciones económicas y las obligaciones fiscales de los beneficiarios. Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones genera incertidumbre entre los desempleados, especialmente aquellos con ingresos más bajos.