Entra en vigor la nueva norma que prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido a las empresas de telemarketing que no hagan una "interpretación tramposa" de la nueva norma que entrará en vigor hoy 29 de junio y que prohibirá las llamadas comerciales salvo que exista una solicitud o un consentimiento previo y expreso por parte del consumidor.

Según ha explicado el portavoz de la OCU, Enrique García, en declaraciones Televisión, a partir de hoy "se hará necesario el consentimiento expreso de los consumidores para poder recibir llamadas comerciales", algo que ha calificado como un "avance significativo para intentar acabar con el 'spam' telefónico".

En cuanto a los sectores, el 'spam' (acoso) telefónico se concentra casi exclusivamente en tres sectores la telefonía, con el 47%, la energía con el 30% y los servicios financieros con el 15% de las llamadas.

"Pedimos a las compañías que no hagan una interpretación tramposa de lo que claramente dice la ley, que es que se necesita el consentimiento expreso y que no busquen un subterfugio en la aceptación de las condiciones generales que la mayoría ni siquiera lee y en las que puede haber esa autorización a recibir llamadas comerciales que en realidad no queremos", ha advertido el portavoz de OCU.

En esa línea, García ha recordado que incluso aquellos que están inscritos en 'Lista Robinson' --que recoge a los usuarios que no quieren recibir este tipo de publicidad-- reciben llamadas "a pesar de que han manifestado su deseo de que no se les llame".

La OCU recuerda que en el supuesto que el usuario continúe recibiendo estas llamadas que no se ajustan a la normativa "puede manifestar su derecho de oposición al tratamiento y la cancelación de sus datos" y para ello recomiendan hacerlo por escrito "identificando a la empresa que te ha llamado y dirigiéndose por escrito al responsable de protección de datos de la empresa, que es una figura obligatoria", porque hacerlo por teléfono "es cómodo pero hemos comprobado que muchas veces no se cumple".

Según algunos estudios recientes de OCU, en la práctica resulta casi imposible saber qué empresa está detrás, "solo en el 33% de las llamadas es posible saber qué empresa hay detrás, el resto son llamadas anónimas donde el consumidor no tiene manera de ejercer el derecho a la cancelación de sus datos personales".

Por todo ello, García ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que "garantice, vigile y garantice el cumplimiento de la norma".