El Gobierno ha recalcado a Sumar que está “plenamente comprometido” con la organización del Mundial masculino de fútbol de 2030, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión social, tras las dudas expresadas por su socio de coalición por la represión de protestas registrada el pasado verano en Marruecos.
El Ejecutivo responde así a una pregunta parlamentaria escrita formulada por los diputados de Izquierda Unida, Enrique Santiago y Toni Valero, quienes solicitaban al Gobierno que se pronunciara sobre la coherencia de la participación española en el Mundial —que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal— y sobre las medidas adoptadas para promover el respeto a los derechos humanos, ante las limitaciones al derecho de manifestación y las “detenciones sistemáticas” denunciadas en el país vecino.
En su respuesta, el Gobierno subraya que España mantiene un compromiso “pleno” con la organización del evento, tanto en el ámbito deportivo como en la defensa de los principios de derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, que considera inseparables del proyecto.
El Ejecutivo destaca que la reciente creación de la Comisión Interministerial para el Mundial, la implementación del II Plan de Derechos Humanos y las garantías aprobadas el pasado 30 de julio reflejan esa voluntad de que el campeonato se convierta en “un referente positivo para el deporte y la sociedad en su conjunto”.
Asimismo, recuerda que este compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos se extiende a todos los ámbitos de la acción política del Gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, señala que España, como miembro activo de la Unión Europea, actúa conforme a la legalidad vigente para velar por el respeto de los derechos fundamentales.
El Gobierno incide también en que España está vinculada a numerosos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, lo que, a su juicio, garantiza la plena observancia de las libertades públicas y los derechos fundamentales en todas las áreas de su gestión, incluida la organización de grandes eventos internacionales como el Mundial de 2030.