La Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado este martes 9 de julio las líneas que orientan la acción de la iglesia en relación con los abusos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables. Este plan, denominado Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA), incluye una Comisión Asesora con expertos y contempla una reparación integral que abarca aspectos económicos, psicológicos, médicos y espirituales.
No obstante, los prelados han aclarado que lo aprobado no es un decreto obligatorio para todas las diócesis. Según la CEE, el plan se aplicará a aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o cuyo abusador ha fallecido, no pudiendo ser juzgados por la vía civil, penal o canónica.
El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, explicó que el plan no incluye una norma de obligado cumplimiento, como pedía el Gobierno. "Nosotros no firmamos ahora un decreto que obligue a todas las diócesis, a las 400 congregaciones religiosas, sino que nos dotamos de unos criterios de comunión", afirmó Argüello.
El plan aprobado incluye tres documentos. El primero presenta las líneas de trabajo organizadas según las sugerencias del Defensor del Pueblo. El segundo documento detalla las líneas generales del PRIVA y su implementación a través de un órgano que coordinará la respuesta integral a las víctimas mediante un procedimiento no judicial. Este organismo verificará cada caso individualmente para establecer el marco de reparación adecuado, basado en lo que la víctima solicita para su sanación.
La reparación integral incluye un enfoque centrado en la víctima, buscando la verdad y la justicia, y estableciendo responsabilidades jurídicas. Además, se coordinarán las acciones para asegurar que las medidas adoptadas sean similares y que la diversidad institucional no perjudique a las víctimas. La reparación puede incluir aspectos económicos, psicológicos y espirituales, evitando toda revictimización.
El tercer documento aprobado es un reglamento basado en criterios para implementar la reparación integral, creando también una Comisión Asesora. Esta comisión estará formada por diez personas: cuatro expertos en ámbito médico forense, cuatro en ámbito jurídico, un representante de la CEE y otro de la CONFER. La comisión también podrá convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan con víctimas.
La Comisión Asesora recogerá toda la información elaborada por quienes han atendido a la víctima para evitar la revictimización. Elaborará un informe de los casos presentados y un posible baremo para valorar los daños y perjuicios padecidos, considerando los baremos propuestos por la ley civil y los criterios de otras Conferencias episcopales.
El presidente de la CEE ha afirmado que la Iglesia responderá económicamente: "Una reparación integral pide tiempo, pide personas y pide indemnización del daño producido". Jesús Antonio Díaz Sariego, presidente de la Confederación Española de Religiosos (CONFER), destacó que el plan es "un marco regulador" para abordar esta realidad y pone especial énfasis en la reparación moral.
El PRIVA ha sido elaborado por el Servicio de Asesoramiento de las Oficinas para la protección de menores, incorporando las observaciones de los obispos, ideas del Mensaje al Pueblo de Dios, indicaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos, del órgano de Compliance de la CEE y de la CONFER, además de las indicaciones del informe del Defensor del Pueblo y reuniones con las víctimas.