Zapatero acorralado

Antonio Casado Colaboraciones de opinión 22 Julio 2026 16:17 Última actualización: 22 Julio 2026 16:50

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No hace mucho tiempo el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relacionó el progresismo de Zapatero con el "Código del Buen Gobierno" que este apadrinó a su paso por la Moncloa (BOE 7 marzo 2005, sin rango de ley).

Así puso a los pies de los caballos a su amigo, que entonces ya estaba imputado por siete delitos.

No sé si Zapatero sabía lo que estaba haciendo al firmar aquel Acuerdo del Consejo de Ministros (18 febrero 2005), que afectaba a los altos cargos de la Administración General del Estado. Puede que no creyese en el sesgo virtuoso de una norma que, entre otras cosas, decía: "Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas, que vaya más allá de los usos habituales y de cortesía".

Pero puede que sí fuera consciente de su alcance, en cuyo caso está claro que se olvidó de añadir una disposición transitoria que le excluyese del ámbito de aplicación y que, con un poco de suerte, hubiera mantenido el Gobierno de Rajoy cuando posteriormente (diciembre de 2013) mejoró la normativa ya con rango de ley.

Lo de presentar a Zapatero como referente político y moral del sanchismo, en perfecta sintonía con las iniciales apelaciones de aquel a su propia inocencia, ha chocado con los testimonios -escritos y orales- aportados por el empresario Julio Martínez Martínez, que ha decidido colaborar con la justicia para suavizar su horizonte penal.

En realidad, no es nada nuevo lo que cuenta el tal "Julito", que pasa por ser el "testaferro" de un expresidente que degeneró hasta convertirse en un vulgar comisionista. Y no es nuevo porque ya estaba desvelado en los informes policiales, el auto de imputación del juez Calama y el periodismo de investigación. Ahí ya estaba todo.

Lo nuevo era el silencio de Zapatero, que incumplió su promesa de contarlo todo porque nada tenía que ocultar. Y, por supuesto, el relato de Julio Martínez. Que el expresidente influyó en el rescate de Plus Ultra con 53 millones de dinero público. Que cobró por ello una mordida del 1%. Que el cobro se fraccionó disfrazado de legalidad. Que sus hijas cobraron sin trabajar, etc.

Pero el relato deja un cabo suelto. Aunque describe un supuesto de tráfico de influencias, habla del influyente (Zapatero) pero no del influido. Falta ese elemento para que pueda aplicarse dicha figura delictiva: ¿el máximo responsable de la SEPI (empresas públicas) cuyo consejo otorgó el crédito para rescatar a la aerolínea? ¿la jefa del máximo responsable de la SEPI, que era la ministra de Hacienda? ¿O el jefe de la ministra de Hacienda, cuyo rango en una organización estable y jerarquizada está en la cúspide de la pirámide organizativa del Ejecutivo y del PSOE?

Ustedes mismos. Hagan apuestas y saquen conclusiones.

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