La última trampa

La convocatoria de elecciones, a corto plazo, no resuelve el problema de la vivienda, que es el principal motivo de preocupación para muchos españoles. Jóvenes y viejos. A los primeros les afecta porque, dada la precariedad salarial, embarcarse en la compra de un piso -hipoteca mediante-, es una aventura que en el mejor de los casos les tendrá atados veinte o veinticinco años.

Y, si optan por alquilar y formar pareja, saben que tendrán que sacrificar el sueldo de uno de los dos. En el caso de los viejos, si están jubilados pero viven de alquiler no dormirán libres del temor a que les suban la renta o, peor aún, en caso de impago, les desahucien. Esa precariedad y esas zozobras afectan a millones de españoles.

En ese escenario, acceder a una vivienda se ha convertido en una odisea porque no se construyen casas al ritmo de la demanda del mercado. Un informe del Banco de España cifra en 755.000 el déficit de viviendas que harían falta para cubrir la demanda actual pero la llegada de varios millones de emigrantes añade números al problema. A todo esto, tras la experiencia del estallido de la burbuja inmobiliaria a principios de 2008 que acabó arrastrando a la mayor parte de las cajas de ahorros se instaló en los bancos que sobrevivieron un recelo considerable a conceder créditos. Y en eso estamos: en la vivienda como problema, dada la insuficiencia de la oferta cuando se trata de compra y por los abusos en el incremento de los precios a la hora de alquilar.

¿Resolvían el problema los ya famosos decretos "Maricarmen" presentados por el Gobierno y que fueron tumbados en el Congreso? Pues al decir de muchos expertos, no. ¿Por qué? Pues porque en la práctica derogaban la seguridad jurídica de la compra venta de vivienda, el derecho de propiedad y alquiler y la tutela judicial de las reclamaciones. Pero la cosa no acaba ahí. A pesar de que los dos "decretos Maricarmen" fueron rechazados por el Pleno de la Cámara, el Gobierno reunido en sesión extraordinaria vuelve otra vez a impulsarlos por la vía del decreto ley. Pedro Sánchez, fiel a su trayectoria, intenta colar un gol por la puerta de atrás. En este caso confiando en que serán refrendados por la Diputación Permanente, órgano derivado en el que tienen mayoría las izquierdas. Suena a fraude constitucional. La última trampa, porque la Diputación Permanente no puede convalidar un decreto ley que haya sido expresamente rechazado y derogado por el Pleno del Congreso. Pero Sánchez lo intentará. Es marca de la casa.

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