Los errores que Sánchez no quiso enumerar

"Reconozco que hemos cometido errores y no hemos podido hacer todo lo que queríamos".

Con esa frase, desde la Moncloa y sin preguntas, Pedro Sánchez convocó el lunes elecciones para el 29 de noviembre.

Reconoció errores. No dijo cuáles. Hagámoslo nosotros.

Sánchez siguió en la Moncloa gracias a los siete votos de Puigdemont, que pagó con una amnistía. Se va porque esos mismos siete votos han tumbado sus decretos de vivienda. Lo pagó todo por adelantado y se ha quedado sin nada. 

Este Gobierno nació de una dependencia, no de un proyecto. Dependencia de independentistas catalanes, nacionalistas vascos y EH Bildu, el socio con el que el PSOE juraba que nunca pactaría y al que acabó entregando la alcaldía de Pamplona.

El resultado: una legislatura sin Presupuestos. Ni aprobados ni presentados. España funciona desde hace tres años con las cuentas de 2023, prorrogadas una y otra vez. Un Gobierno que ni siquiera se atreve a llevar sus cuentas al Congreso no gobierna. Resiste, a golpe de decreto y de cesión. 

Mientras, el país acumulaba facturas.

La vivienda, la gran crisis de la década, gestionada a base de anuncios, leyes que no han bajado un euro los alquileres y pisos prometidos que nunca llegaron. La culpa, siempre de otros: comunidades, fondos, caseros.

El bolsillo: IPC del 4,9 % en septiembre y presión fiscal récord. El Estado recauda más que nunca, pero la sanidad, la educación y el transporte no funcionan mejor que hace siete años.

Las emergencias, de las que Sánchez tanto presume. El apagón total del 28 de abril de 2025, sin un solo responsable. Adamuz, 45 muertos en enero y una investigación que apunta a la vía, es decir, a infraestructura pública. La Palma, donde años después del volcán aún hay vecinos esperando lo prometido.

Y Ceuta. El 30 de julio, decenas de miles de personas entraron en la ciudad en una avalancha que un informe policial atribuye a la implicación de las fuerzas marroquíes. Una ciudad desbordada, un Gobierno ausente y un presidente defendiendo la colaboración con Marruecos.

No es casual. En 2022 Sánchez cambió la posición histórica de España sobre el Sáhara con una carta al rey marroquí, sin pasar por el Congreso. Ese mismo año, Pegasus infectó los móviles del presidente y de varios ministros. Nunca se aclaró. Solo cayó la directora del CNI.

Antes, el Delcygate: Delcy Rodríguez, con prohibición de entrar en Europa, en Barajas, recibida por José Luis Ábalos y sus seis versiones de lo ocurrido.

Ábalos. El hombre que defendió la moción contra Rajoy en nombre de la regeneración ha pasado por prisión provisional con su asesor, Koldo García. Santos Cerdán, número tres del PSOE y negociador con Puigdemont, también. A ellos se suman las mordidas de Tito Berni y las cloacas de Leire Díez, la "fontanera" investigada por buscar información contra guardias civiles y jueces que investigaban al PSOE.

Y la familia. Su hermano, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, sentencia recurrida. Su esposa, investigada y camino del banquillo. Su fiscal general, el primero condenado por el Supremo en democracia. La respuesta de Sánchez: lawfare, fango y conspiraciones.

Ni siquiera el feminismo, su gran bandera, ha salido indemne. La ley del "solo sí es sí" rebajó la condena a más de mil agresores sexuales y excarceló a más de un centenar. El PSOE ha gestionado con opacidad denuncias de acoso contra sus propios dirigentes.

Y luego están las pulseras antimaltrato. En 2024, Igualdad cambió de proveedor y la migración de datos falló. La Memoria de la Fiscalía advirtió de que ese agujero había provocado una gran cantidad de archivos y absoluciones de maltratadores. La ministra Ana Redondo habló de "incidencias técnicas" y de bulos. El Congreso la reprobó. Sigue en el cargo.

Mientras, las mujeres asesinadas por violencia machista no bajan: 58 en 2023, la peor cifra desde 2015, y 41 hasta septiembre de este año. Todo ello con un Ministerio de Igualdad propio.

Con este balance, Sánchez plantea elegir entre "la ola ultraderechista" o la justicia social. El viejo manual: convertir cada elección en un plebiscito sobre el adversario para no rendir cuentas.

Y sobre estas elecciones planea otra sombra: el censo. La llamada ley de nietos ha concedido ya unas 600.000 nacionalidades a descendientes de exiliados, y más de 360.000 nuevos españoles figuran ya inscritos en los consulados. Casi 169.000 lo lograron gracias a una instrucción que daba por exiliado a cualquiera que saliera de España entre 1936 y 1955. El Supremo ha paralizado cautelarmente sus altas en el censo exterior, y la Abogacía del Estado admite que es "materialmente imposible" revisar esos expedientes a tiempo. A siete semanas de las urnas, todavía no está claro quién podrá votar y quién no.

Pero esta vez hay un elemento nuevo: la calle.

El mismo lunes, CCOO y UGT acordaron una huelga general de 24 horas por la vivienda. La primera conjunta desde 2012. La primera de la era Sánchez.

¿Contra quién? No contra el Gobierno que lleva siete años en la Moncloa. Según los sindicatos, contra las administraciones con competencias en vivienda, sobre todo comunidades, muchas del PP, y contra la patronal.

Los mismos sindicatos que callaron con la inflación de Ucrania, con Koldo y con Cerdán, y que han recibido generosas subvenciones de este Gobierno, descubren ahora la urgencia de parar el país justo antes de que vote. Eso no es una protesta laboral. Es una movilización política.

Conviene estar atentos. Cuando la izquierda teme perder en las urnas, busca ganar en la calle. Viene un otoño caliente, con tensión al alza y un relato listo para presentar cualquier derrota como una amenaza a la democracia.

Sánchez dice haber sufrido "la peor oposición". Por una vez, no le falta razón. La oposición deja mucho que desear y el panorama al otro lado del arco político tampoco invita al optimismo. Pero eso merece otro artículo.

En 2019 publicó Manual de resistencia. Pocos títulos han resumido mejor una trayectoria: siete años cediendo ante quienes quieren romper España, tapando escándalos y culpando a otros de cada fracaso.

Reconoció errores, pero no dijo cuáles. No hacía falta. Los españoles los conocen.

Sánchez no ha gobernado España.

Ha resistido en ella.