Responsabilidades

MADRID 4 Oct.

Que el problema de la vivienda es hoy uno de los más importantes, el que más, para los ciudadanos, no admite discusión. También es verdad que hace ocho años ese problema, según el CIS, era el décimo octavo para los españoles. En ese tiempo, la población española ha crecido en más de tres millones de habitantes y tenemos un déficit estructural de no menos de 750,000 viviendas. Entre 2015 y 2025 el número de viviendas protegidas apenas ha crecido y, además, muchas de ellas han perdido su protección y han pasado al mercado libre. Todos los Gobiernos, y especialmente el del Partido Socialista que ha gobernado los últimos ocho años, lo sabían y ninguno ha tomado medidas serias no ya para adelantarse al problema sino para hacer algo. Según datos de Civio, entre 1968 y 1978 se construyeron un total de 1,89 millones, que contaban con una protección de 50 años. Pero en 1993, el Gobierno de Felipe González liberalizó su precio, al igual que en 1994 cambió la legislación franquista que hubiera impedido el desahucio de Maricarmen. De 1979 a 1990 se construyeron 1,42 millones con una protección de 30 años. Y desde 1990 a 2025 sólo se han construido 1,5 millones, lo que ha multiplicado el problema. La mayoría de esas viviendas eran en régimen de propiedad y no de alquiler. Y desde 2008 no se ha hecho prácticamente nada en régimen de alquiler. Y hay una legislación estatal, bastante deficiente -que no ha conseguido sino hacer más grave el problema y sacar del mercado una parte importante del parque de viviendas-, y hasta 17 modelos diferentes de viviendas protegidas. Así que se trata de un problema enormemente complejo que requiere soluciones complejas y completas y, sobre todo, un Pacto de Estado para que las soluciones sean aceptadas y permanezcan en el tiempo.

Es irresponsable que un Gobierno que ha prometido en varias ocasiones a lo largo de la legislatura prohibir los desahucios y construir ciento de miles de viviendas no haya hecho prácticamente ninguna y haya sumado más de 225.000 desahucios.

Es irresponsable que ese Gobierno, dividido en dos bandos, pretenda "arreglar" el problema, urgido por una movilización popular asamblearia, mediante dos decretos ley contradictorios, mal redactados, sin debate parlamentario, sin posibilidad de enmendarlos y sin pactarlo con todos los partidos. Y que para acabar con los fondos buitre, -algo necesario pero que sólo suponen un diez por ciento del mercado-, castigue y penalice a los propietarios de una, dos o tres viviendas, que son el 90 por ciento y los enfrente con los inquilinos.

Es irresponsable que uno de esos decretos contemple una cláusula de no aplicación en Cataluña, otro privilegio más a cambio de votos para seguir en el poder. Y ni así.

Es irresponsable que este Gobierno se autodenomine "de progreso", con Junts, Bildu y el PNV como socios de gobierno y ahora descubra que los catalanes son muy de derechas.

Es irresponsable que el Gobierno quiera cargar sobre los propietarios particulares un problema social importante y sangrante que deben resolver las Administraciones Públicas.

Es irresponsable que un llamado sindicato, que no lo es, ocupe la calle, se otorgue la representación del pueblo frente al Parlamento, al que criminaliza, sostenga que los decretos-ley iban a resolver el problema, cuando lo agravarían, y traten de convocar una huelga general, haciendo responsable al PP de la incapacidad del Gobierno.

Al margen de que el presidente del Gobierno utilice esta estrategia para sus intereses personales, convocando o no elecciones, alguien debería pensar que, junto a medidas para afrontar el problema con rapidez y rigor, mantener la paz social es imprescindible en una democracia y que dejar que la calle se atribuya el poder asambleario frente al Parlamento es un riesgo grave para la libertad y la convivencia. Hay que evitar la violencia y el enfrentamiento entre ciudadanos, recordar para qué sirvió el 15M y mirar a lo que está pasando en Francia.

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