Presuntos españoles

Gracias a una norma ministerial sin rango de ley (25 de octubre de 2022), son presuntos españoles los hijos y nietos de quienes se fueron de España entre 1936 y 1955 por razones distintas al exilio, la homofobia, la discriminación religiosa, etc. , sufridos durante la Guerra Civil o el franquismo.

En otras palabras: quienes abandonaron el país para buscarse una vida mejor, pero no forzados por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual. Son unos 163 000. A ellos les tiene vetado el Tribunal Supremo, desde el pasado 10 de septiembre, el derecho a votar en las elecciones del próximo 29.

Naturalmente, esa decisión del alto tribunal decaería si esos 'presuntos españoles' presentan alegaciones en el plazo de cinco días acreditando que han sido mal filiados en relación con la causa de la salida de España de sus padres o sus abuelos. Como el TS dispone de al menos un mes para resolver, el tiempo no va a dar para iluminar el camino.

La onda expansiva de estas referencias informativas, no opinativas, está teniendo un enorme impacto polarizante. En la picota, los dos autos del TS (porque dos fueron los denunciantes de un supuesto engorde artificial del censo) y su frenazo cautelar al derecho de sufragio. A un lado, quienes creen que el alto tribunal está atropellando el derecho a votar de un buen puñado de españoles. Al otro, quienes creemos que el TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) está frenando un intento de alterar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por indebidas concesiones de la nacionalidad española.

Las razones del TS se remiten al 'peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral'. Pero es evidente que esa argumentación ha generado en el Gobierno, en su partido de referencia (PSOE) y en sus terminales mediáticas un ataque de contrariedad tan visible, tan airado, tan ruidoso, que en sí mismo es ya una confesión de mala conciencia.

A este respecto bastaría con recordar que esos actores de la vida pública siempre negaron que la concesión de la españolidad por *presunción* (la mencionada instrucción del Ministerio de Justicia permitía una aplicación muy laxa de las condiciones de acceso a la nacionalidad, a la luz de la Ley de Memoria Democrática) tuviera intención política, y que, en todo caso, favorecía más al PP que al PSOE.

No lo parece a la vista de las barbaridades que, desde el sector político y mediático próximo a Sánchez, se están diciendo contra el TS. Desde que cuestiona la democracia por impedir el voto de esos españoles residentes en el extranjero hasta que 'defiende valores alejados de la Constitución', como leo en un medio habitualmente afín a las tesis de la Moncloa.

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