Ministros fantasmas

Siempre he defendido que los políticos están mal pagados y que sus sueldos deberían ser suficientes para que ninguno tuviera la tentación de coger dinero de la cosa pública para pagarse lo que sea.

También que sus vacaciones y su manutención, su piso oficial, alguno de 400 metros cuadrados, las reformas hechas a capricho en ellos y alguna cosas parecidas no deberían ser pagadas por los contribuyentes sino por ellos. Tal vez no a precio de mercado, pero ¿por qué tenemos que pagar nosotros todo eso y ellos sumarlo a su salario y ni siquiera declararlo como renta?

Es absurdo que un ministro gane lo mismo o más que el Presidente del Gobierno, que un diputado tenga más sueldo que cualquiera de los anteriores y que la mayoría de los presidentes de empresas públicas y chiringuitos de ocasión, sin conocimientos ni méritos para el cargo, triplique o cuadruplique esos salarios. También es cierto que alguno de los ministros que tenemos y alguno de los que lo han sido recientemente -también vale para muchos diputados e infinidad de altos cargos- en lugar de cobrar deberían haber pagado por ocupar esos puestos y al final no solo han cobrado sin trabajar o trabajando poco, sino que luego han recibido o siguen recibiendo una pensión "indemnizatoria" cuando a los que nos debían indemnizar es a los ciudadanos por haberlos soportado y por sus errores, algunos muy graves.

Digo todo eso porque si alguien me preguntara la lista de ministros actuales y cuál es el Ministerio que presuntamente dirigen, creo que no podría dar más de diez o doce nombres. Y creo que sería un buen resultado si esa pregunta se la hacemos también a cualquier ciudadano. La mayor parte son ministros porque los ha nombrado Sánchez -bueno, no a todos- pero muchas veces ni saben lo que se va a tratar en el Consejo de Ministros o lo que ya se ha decidido antes y en otros lugares, ni tan siquiera despachan con el presidente o su agenda pasa semanas vacía o solo con actos protocolarios. Es decir, son pero no están. Y así les va y así nos va.

El caso más paradigmático es el de Oscar Puente que dedica más horas a tuitear contra casi todo que a arreglar los problemas gigantes de su Ministerio. Dice que tardará al menos dos años en arreglar el caos y no se atreve a pisar una estación o un aeropuerto por lo que pueda pasar. Hay ministros y políticos que defienden la educación y la sanidad pública a muerte, pero que llevan a sus hijos a colegios privados y escuelas de alto coste o que acuden a la sanidad privada cuando tiene una dolencia.

Cada vez hay menos niños en las aulas y una educación de peor calidad, profesores desanimados y peores resultados desde infantil hasta la Universidad. Y la ministra del ramo está más preocupada por la polìtica del PP y de VOX que por lo que es su competencia. Lo mismo pasa en Sanidad donde la ministra quiere extender los beneficios de la Ley ELA a otros colectivos, pero todavía no ha encontrado los fondos mínimos para que los enfermos de ELA no se mueran esperando los recursos que marca la ley y que no llegan, mientras tiene a todos los médicos en armas por un Estatuto Marco sin consenso y sin sentido y a la España despoblada sin médicos ni candidatos a acudir.

No digo nada de la ministra de Vivienda, si es que existe, que ha logrado que el precio de la vivienda suba un 50 por ciento con Sánchez como presidente del Gobierno. O que los ministros de Juventud e Infancia -¿existe?- y Polìtica Territorial sean incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos y negociar con las comunidades autónomas para el reparto de los menores que colapsan Canarias, Ceuta, Melilla y ahora también Baleares.

No recuerdo si hay una ministra o ministro de Deportes porque quien sea guarda silencio ante el escándalo mayúsculo que está dando España con el boicot a un equipo ciclista y a la Vuelta Ciclista a España. Las protestas son legítimas, pero lo que se está orquestando es un delito. Y, posiblemente, el Gobierno esté encantado con la protesta porque eso contribuye a que no se hable de sus escándalos. De Montero, Bolaños o de Albares ni les hablo. Y la vicepresidenta y ministra de Trabajo merece un capítulo aparte en exclusiva. Sólo he citado a ocho o diez. Y son veintidós. Hagan la lista si pueden.