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El fango político y la presunción de inocencia
En nuestro movedizo ecosistema político, la apertura de una causa judicial se ha convertido en una condena política automática. ¿Esperar a la sentencia? No, ¿para qué? Basta una denuncia o una investigación para activar la máquina del fango habitual: declaraciones apelando a la ejemplaridad pública, titulares duros, ruido mediático y una condena social que se adelanta a cualquier prueba. La presunción de inocencia solo se invoca cuando interesa.
Nuestra clase política ha asumido con naturalidad que el desgaste del adversario justifica cualquier cosa, incluso sentenciar procedimientos que aún no han sido juzgados. Y lo más grave: cuando la Justicia finalmente habla y desmonta esas acusaciones, ya es tarde. El daño está hecho y casi nadie responde por ello. Todo vale si me beneficia a corto plazo.
Ahí están los ejemplos recientes. La dirigente del Partido Popular Ana Millán, tras años de acusaciones, ha visto archivada su causa y ahora reclama rectificaciones por el perjuicio sufrido. En paralelo, el exalcalde socialista de Galapagar, Alberto Gómez, ha sido absuelto de un presunto delito de acoso laboral. Dos casos, dos partidos, un mismo patrón.
En ambos, el adversario político utilizó el proceso como arma de desgaste. En ambos, se dio por hecho lo que no estaba probado. Y en ambos, cuando todo se desmorona en sede judicial, llega la misma reacción: exigencia de disculpas, denuncias de persecución y apelaciones a una presunción de inocencia que antes se ignoraba.
Ese es el verdadero problema. No es que unos lo hagan y otros no. Es que lo hacen todos. Sin excepción. El mismo partido que hoy pide respeto para los suyos ayer señalaba sin miramientos al contrario. Y el que hoy denuncia el uso político de la Justicia hará lo mismo en cuanto tenga ocasión. Ejemplos hay a patadas.
Esta dinámica, demasiado habitual, retrata a una clase política sin principios. La presunción de inocencia no puede depender del carné de partido. O se respeta siempre o no se respeta nunca.
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